Organización Judicial

 La función jurisdiccional, que es la encomendada a Juzgados y Tribunales, consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, es decir, en la resolución de los conflictos que se plantean entre distintos sujetos (por ejemplo, entre un ciudadano y la Administración, entre dos ciudadanos, entre un trabajador y su empleador, etc.), así como el castigo de las conductas realizadas por una persona y consideradas delito o falta por las leyes. La jurisdicción es única y se ejerce por los Juzgados y Tribunales extendiéndose a todas las personas, a todas las materias y a todo el territorio español.

 

 Despliegue de la Nueva Oficina Judicial ( 5 TOMOS PDF )

Índice  
Tomo I
Tomo II
Tomo III
Tomo IV
Tomo V
 

Esquema de Organización Judicial de Juzgados y Tribunales

 

 Los órdenes jurisdiccionales

Existen distintos órdenes jurisdiccionales en los que se reparten los asuntos en función de las materias de las que conocen:

  • Orden jurisdiccional civil: Resuelve sobre temas civiles (filiación, matrimonio, contratos, arrendamientos, derechos reales, etc.) y de todas las materias que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional.
  • Orden jurisdiccional penal: Conoce de los juicios por delitos y faltas, con excepción de los que correspondan a la jurisdicción militar
  • Orden jurisdiccional contencioso-administrativo: Conoce de:
     
    • Los casos relacionados con la actuación de las Administraciones Públicas sujeta a Derecho Administrativo (por ejemplo, cuando se impugnen sanciones impuestas por la Administración).
    • Los casos relacionados con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos legislativos (por ejemplo, cuando se impugne un Reglamento).
    • Los recursos contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho (constituyen vía de hecho las actuaciones arbitrarias de la Administración, que realiza sin una base normativa en la que apoyarse).
    • Los casos relacionados con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aún cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad limitada.
    • Las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administración, junto a la Administración respectiva (novedad introducida por la nueva LOPJ).
    • También será competente este orden jurisdiccional si las demandas de responsabilidad patrimonial se dirigen, además, contra las personas o entidades públicas o privadas indirectamente responsables de aquéllas (novedad también introducida por la nueva LOPJ).
  • Orden jurisdiccional social: le corresponde conocer de los casos que se planteen en materia laboral (por ejemplo, conflictos individuales o colectivos entre empresarios y trabajadores, en materia de sindicatos, de contrato de trabajo, despidos, convenios colectivos, etc.), así como de las reclamaciones en materia de Seguridad Social.

En caso de que una cuestión se plantee ante un orden jurisdiccional y éste no sea competente para tratar la cuestión planteada, el órgano jurisdiccional al que se le haya planteado ha de apreciar


 

 

 División territorial

El Estado se organiza territorialmente, a efectos judiciales, en municipios, partidos, provincias y Comunidades Autónomas, sobre los que ejercen potestad jurisdiccional Juzgados de Paz, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de Instrucción, Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Mercantil, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Vigilancia Penitenciaria y de Menores, Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia. Sobre todo el territorio nacional ejercen potestad jurisdiccional la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

De la División Territorial en lo judicial

División Territorial en lo judicial
A estos efectos la organización del Estado es la siguiente:
  • Municipios
    Se corresponden con la demarcación administrativa del mismo nombre. En cada municipio donde no exista Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un Juzgado de Paz.
  • Partidos Judiciales
    Son la unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes, pertenecientes a una misma provincia, pudiendo coincidir con la demarcación provincial.
    En este ámbito territorial se encuentran los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
    Las Comunidades Autónomas participan en la organización de la demarcación judicial de sus territorios respectivos, remitiendo al Gobierno, a solicitud de éste, una propuesta de la misma en la que fijarán los partidos judiciales.

División Territorial de Partidos Judiciales

 


 

 Cuándo juzgan los Juzgados y Tribunales españoles

Los Juzgados y Tribunales españoles son competentes en los juicios que se planteen en territorio español entre españoles; entre extranjeros; y entre españoles y extranjeros conforme a la legislación española y a los Tratados y Convenios Internacionales en los que España sea parte.
Para determinar si corresponde conocer a los Juzgados y Tribunales españoles, en cada orden jurisdiccional (civil, penal, contencioso-administrativo y social) existen normas específicas que tienen en cuenta el bien concreto sobre el que se suscita la controversia, la nacionalidad de las personas litigantes o perjudicadas, el lugar en el que se produjeron los sucesos que dan lugar a la controversia, lugar de celebración del contrato, tipo de delito cometido en el orden penal, y otras circunstancias.
En el ámbito penal existen una serie de delitos que, en virtud de su carácter especial, pueden ser juzgados por los Juzgados y Tribunales españoles independientemente de la nacionalidad de la persona que los haya cometido y del lugar en que se cometieron. Estos delitos son los de genocidio, terrorismo, piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves, falsificación de moneda extranjera, delitos relativos a la prostitución, delitos relativos a la corrupción de menores o incapaces, y el tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes