LA EJECUCIÓN EN LA NUEVA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL   

Por D.Jose Maria Fernandez Seijo (Magistrado)

INTRODUCCIÓN

Si se parte de los datos ofrecidos por el Libro Blanco de la Justicia (CGPJ 1997) se puede afirmar que el mayor fracaso de la jurisdicción civil se encuentra en la fase de ejecución, según los datos barajados por el Consejo más de un 35 % de las sentencias civiles no pueden ejecutarse y más del 15 % restante se ejecuta parcialmente.

Frente a estos datos la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 ofrecía un procedimiento de apremio disperso, complejo y falto de garantías lo que lleva a afirmar que la ejecución de sentencias civiles se ha convertido en la cloaca de la jurisdicción civil en las que la lentitud e ineficacia de los procedimientos ha repercutido directamente en el propio sistema de garantías procesales tanto para el ejecutado como para el ejecutante.

El modelo de ejecución propuesto por el legislador en la Ley 1/2000 puede considerarse revolucionario ya que introduce nuevas instituciones procesales y propone reformas radicales en instituciones ya existentes.

Si hubieran de sintetizarse los principios generales de la nueva ejecución serían:

1.La unificación de títulos - artículo 517 de la LEC - así como el desmembre de los títulos derivados de la Ley cambiaria y del cheque, que merecen el tratamiento de procesos especiales en el Libro IV; 

2.La unificación de procedimientos que determina que incluso la ejecución hipotecaria tenga un procedimiento muy similar al del resto de las ejecuciones inmobiliarias;

3.La concreción del apremio limitando la posibilidad de embargos genéricos y obligando a que la diligencia de embargo haya de realizarse sobre bienes concretos previamente conocidos por el Juzgado; 

4.La facilitación de sistemas alternativos a la enajenación judicial; 

5.la propuesta de un modelo más simplificado de subasta judicial.

La complejidad de la materia tratada así como las importantes novedades introducidas en la nueva Ley determinan que en el texto de la ponencia se haga mención a los aspectos estructurales y a las principales novedades legislativas; como complemento se adjunta un anexo con los esquemas de la ejecución en al nueva Ley, donde de un modo sistemático y acogiéndose al orden de la propia Ley se ofrecen los requisitos y fases de cada una de las instituciones jurídico procesales previstas en el Libro III.

LOS ACTUALES TÍTULOS EJECUTIVOS 

¿ Qué se puede ejecutar ?

En la vieja Ley de Enjuiciamiento Civil el legislador situaban en distintos lugares los títulos que servían de base para ejecutar:

La ejecución de sentencia se regulaba en los artículos 919 y siguientes de la LEC de 1881,
El artículo 1429 recogía un catálogo de hasta 7 títulos distintos que llevaban aparejada ejecución,
El artículo 130 y siguientes de la Ley Hipotecaria se referían a dicha ejecución,   La Ley de ordenación del Seguro Privado de 1995 y la reforma que se hacía de la Ley de uso y Circulación de vehículos de Motor se refería a los llamados Autos de cuantía máxima.

La vía de apremio era común para todos estos procedimientos, excepto para el hipotecario.
En la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 se da un tratamiento unitario a todos los títulos que
llevan aparejada ejecución en el artículo 517 de la LEC, incluyendo como título que lleva
aparejada ejecución en primer lugar las sentencias, sin embargo el legislador ha optado por dejar
fuera del Libro III la ejecución de los títulos regulados en la Ley Cambiaria y del Cheque, títulos
que tienen la consideración de procesos especiales en la nueva Ley (artículos 819 a 827).

Conforme a la nueva Ley llevan aparejada ejecución los siguientes títulos:

1.La sentencia de condena firme: En este punto debe indicarse que los pronunciamientos que puede tener una sentencia civil condenatoria pueden ser:
    1.   La inclusión de una obligación de dar dinero.- Lo que conduce  a la ejecución dineraria
    2   .La inclusión de dar una cosa distinta al dinero:
- Dar una cosas concreta o determinada pero sustituible por dinero,
- Dar una cosa personalísima,
    3    .La inclusión de una obligación de hacer:
- No personalísimo,
- Personalísimo,
    4.    La inclusión de una obligación de no hacer.
    5.Las que incluyen la obligación de emitir una declaración de voluntad
    6.Las que incluyen distintos pronunciamientos de distinta naturaleza
2.Los laudos o resoluciones arbitrales firmes.
3.Las resoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones
judiciales y acuerdos logrados en el proceso, acompañadas, si fuere necesario
para constancia de su concreto contenido, de los correspondientes testimonios
de las actuaciones.
4.Las escrituras públicas, con tal que sea primera copia; o si es segunda que esté
dada en virtud de mandamiento judicial y con citación de la persona a quien
deba perjudicar, o de su causante, o que se expida con la conformidad de todas
las partes.
5.Las pólizas de contratos mercantiles firmadas por las partes y por Corredor
Colegiado de Comercio colegiado que los intervenga, con tal que se acompañe
certificación en la que dichos Corredores acrediten la conformidad de la póliza
con los asientos de su libro registro y la fecha de éstos.
6.Los títulos al portador o nominativos, legítimamente emitidos, que representen
obligaciones vencidas y los cupones, también vencidos, de dichos títulos,
siempre que los cupones confronten con los títulos y éstos, en todo caso, con los
libros talonarios.- Estos títulos son distintos de los cambiarios para los que se
prevé un procedimiento especial.
7.Los certificados no caducados expedidos por las entidades encargadas de los
registros contables respecto de los valores representados mediante
anotaciones en cuenta a los que se refiere la Ley del Mercado del Valores,
siempre que se acompañe copia de la escritura pública de representación de
los valores o, en su caso, de la emisión, cuando tal escritura sea necesaria,
conforme a la legislación vigente.
8.El auto que establezca la cantidad máxima reclamable en concepto de
indemnización, dictado en casos de rebeldía del acusado o de sentencia
absolutoria o sobreseimiento en procesos penales incoados por hechos
cubiertos por el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil derivada del uso y
circulación de vehículos de motor.
9.Las demás resoluciones judiciales y documentos que, por disposición de esta u
otra ley, lleven aparejada ejecución.

Como puede verse el legislador establece dos grandes grupos de documentos que llevan
aparejada ejecución:

1.Documentos judiciales y arbitrales (ordinales 1º,2º, 3º y 8º),
2.Documentos extrajudiciales con determinadas formalidades (ordinales 4º, 5º, 6º y 7º)

Y termina con una fórmula abierta a cualquier otro título al que legalmente se le dote de fuerza
ejecutiva, lo que determina que, por ejemplo, los autos despachando ejecución dictados en
procedimientos monitorios sin oposición o con oposición rechazada (artículos 812 y siguientes
de la LEC) sean título suficiente para despachar ejecución.

Conforme a la nueva regulación queda fuera de la ejecución:

1.la letra de cambio, el cheque y el pagaré, para los que la propia ley establece un
procedimiento especial en el que se permite el embargo preventivo inaudita parte,
2.Reconocimiento de firma en documento privado y de deuda previstos en el
derogado artículo 1429.2º y 3º de la LEC de 1881.

¿ Qué límites tiene la ejecución ?

La propia enumeración de los títulos que llevan aparejada ejecución marca la exigencia de
determinados requisitos y formalidades a los títulos para poder ser ejecutados.

1.- Límites formales:

A.- Resoluciones judiciales
Los ordinales 1º y 2º del artículo 517 exige que las sentencias y los laudos arbitrales sean firmes
lo que exige que, conforme los artículos 207 y 208 de la LEC, el Juzgado o Tribunal realice una
declaración de firmeza o, cuando menos, indique a las partes si la resolución que notifica tiene
dicha condición.
Las resoluciones judiciales que se ejecutan deben tener pronunciamientos de condena y así el
artículo 521 de la propia Ley establece que no se despachará ejecución de las sentencias
meramente declarativas y de las sentencias constitutivas; la ejecución de este tipo de
resoluciones se realiza por la simple libranza de una certificación o mandamiento para que
puedan acceder directamente a los registros públicos sin necesidad de despacharse ejecución.
Respecto de los autos de cuantía máxima dictados en procedimientos en los que se ventile
responsabilidad civil derivada del uso y circulación de vehículo de motor se exige la firmeza de
dichas resoluciones y que se hayan dictado en procedimientos penales que hayan concluido por:

rebeldía del acusado
sentencia absolutoria
sobreseimiento, libre o provisional del proceso penal

B.- Documentos no judiciales
Tal y como ya se ha referido en epígrafes anteriores:

B.1.- la escritura pública debe ser primera copia o segunda expedida en virtud de mandamiento
judicial y con citación de la persona a quien deba perjudicar o su causante, o se expida con la
conformidad de todas las partes (es una redacción literal del artículo 1429.1º de la LEC de 1881),

B.2.- Las póliza de contratos mercantiles han de aparecer firmadas por las partes e
intervenidas, certificadas y firmadas por corredor de comercio colegiado (reproducción del
artículo 1429.6º de la LEC de 1881).
Una de las cuestiones que había suscitado más polémica doctrinal y jurisprudencial había sido el
redactado del penúltimo y último párrafo del artículo 1435 de la LEC, aquél en el que se
establecían formalidades en la liquidación y certificación de la cantidad a ejecutar; el derogado
artículo 1435 establecía en estos párrafos que:
Si en los contratos mercantiles otorgados por entidades de crédito, ahorro y financiación, en
escritura pública o en póliza intervenida de conformidad con lo dispuesto en el núm. 6º art.
1429 de esta ley, se hubiere convenido que la cantidad exigible en caso de ejecución será la
especificada en certificación expedida por la entidad acreedora, aquélla se tendrá por líquida
siempre que conste en documento fehaciente que acredite haberse practicado la liquidación
en la forma pactada por las partes en el título ejecutivo y que el saldo coincida con el que
aparece en la cuenta abierta al deudor. En el caso de cuentas corrientes garantizadas con
hipoteca, abiertas por Bancos o Cajas de Ahorro, se estará a lo dispuesto en la Ley
Hipotecaria.
En los casos a los que se refiere el párrafo anterior, la entidad acreedora deberá notificar
previamente al deudor o al fiador el importe de la cantidad exigible.

En la nueva regulación estas cuestiones aparecen referidas en el artículo 572 y siguientes, al
tratar de las disposiciones generales de la ejecución dineraria, estableciendo las siguientes
formalidades:
1º) Cuando se haya pactado en el título que la cantidad exigible será la resultante de la liquidación
efectuada por el acreedor en la forma convenida por las partes en el propio título ejecutivo.- Se
despachará ejecución con la liquidación que efectúe el acreedor conforme al título; esta
liquidación es necesaria en los llamados contratos de crédito, ya que en los de préstamo - tal y
como ya aclararon las de las Audiencias Provinciales de modo mayoritario - no es necesaria
dicha liquidación pues aparecen con claridad en la póliza los distintos plazos y la cantidad que a
pagar en cada uno de ellos.
2º) Sólo se despachará ejecución si el acreedor acredita haber notificado previamente al
ejecutado y al fiador - si lo hubiere - la cantidad exigible resultante de la liquidación.
La fórmula utilizada por el legislador es muy similar a la de la LEC de 1881 tras su reforma de
1992 y, por lo tanto, será de perfecta aplicación toda el criterio sentado por las Audiencias
Provinciales que - de modo mayoritario - consideraban intento de notificación fehaciente la
remisión de un telegrama al domicilio del deudor o de sus fiadores, sin necesidad de que dicho
telegrama fuera recogido.
3º) La nueva regulación exige a quien intente el despacho de ejecución que aporte no sólo dos
documentos que acrediten los requisitos anteriores, sino también:

1.Los documentos en los que conste el extracto de partidas de cargo y abono y
las correspondientes a la aplicación de intereses que determinan el saldo
concreto por el que se pide el despacho de ejecución.- Este extracto puede
completarse - si lo quiere el acreedor - con los justificantes de cargo y abono,
2.Cuando se ejecuten pólizas en las que se hayan pactado intereses variables
(artículo 574 de la LEC) el ejecutante debe expresar las operaciones de cálculo
que arrojan como saldo la cantidad determinada que se pide;
3.Igual exigencia se mantiene cuando para determinar el principal sea necesario
ajustar paridades de distintas monedas y sus respectivos tipos de interés.

B.3.- Los títulos al portador o nominativos.- Los cupones deben poder ser confrontados con los
títulos y, en todo caso, con los libros talonarios (reproduce el artículo 1429.5º de la LEC de 1881);

B.4.- Los certificados expedidos por entidades encargadas de registros contables respecto de
valores representados mediante anotaciones en cuentas - conforme a la Ley de Mercado de
valores - debe presentarse copia de la escritura pública de representación de los valores, o, en
su caso, de la emisión conforme a la legislación vigente (artículo 1429.7º de la LEC de 1881).

B.5.- Respecto de los títulos ejecutivos extranjeros - incluidas sentencias - el artículo 523 de la
nueva Ley remite a los Tratados Internacionales y disposiciones legales sobre cooperación
jurídica internacional; en este punto no puede olvidarse el convenio de Bruselas de 27 de
septiembre de 1968, sobre ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil,
ratificado por España el día 29 de octubre de 1990; así como la existencia de un anteproyecto de
Ley de cooperación jurídica internacional elaborado en la anterior legislatura y el propio tratado
de Amsterdam, que establecía un nuevo marco legal a la cooperación jurídica dentro de la Unión
Europea.

2.- Límites temporales

Respecto de las resoluciones judiciales o arbitrales el artículo 548 de la nueva LEC establece
que no se despachará ejecución dentro de los 20 días posteriores a aquél en que la resolución
haya sido notificada al ejecutado, con ello se quieren, por una parte, respetar los plazos y
términos para los recursos ordinarios; por otra parte se plantea este plazo de 20 días para
facilitar la ejecución extrajudicial de dichas resoluciones.
No resuelve el legislador lo referido a los supuestos en los que las resoluciones judiciales se
dicten contra distintos ejecutados; en estos caso el ejecutante tiene la opción de aguardar a la
notificación al último de los condenados para iniciar el plazo para que se despache ejecución; no
se regula expresamente por la Ley la posibilidad de que el ejecutante inste la ejecución por
separado contra cualquiera de los condenados en la forma derivada del fallo, posibilidad que
puede derivarse del artículo 538.2.1º que únicamente exige, respecto de la parte ejecutada, que
aparezca como deudor en el título ejecutivo. No aparece regulada la posibilidad de acumular
ejecuciones que provengan de un mismo título (artículo 555 LEC).
El artículo 518 de la LEC establece que la acción ejecutiva fundada en resolución judicial o
arbitral caduca a los cinco años de la firmeza de la sentencia o resolución; siguiendo la
jurisprudencia más autorizada la caducidad puede apreciarse de oficio (así SSTS de 27-5-96,
31-10-95, 28-11-94, 10-11-94... por citar las más recientes).
En el resto de los títulos que llevan aparejada ejecución los plazos serán los de prescripción de
las acciones que, por su propia naturaleza, no pueden apreciarse de oficio sino a instancia de las
partes interesadas.

3.- Límites cuantitativos

La ejecución de resoluciones judiciales y arbitrales no tiene limitación cuantitativa de ningún tipo;
la ejecución de otros títulos conforme al artículo 520.1.1º mantiene el mismo límite cuantitativo que
la vieja LEC de 1881 en su artículo 1.435, sólo se despachará ejecución cuando la cantidad
exceda de 50.000 pesetas pudiendo acumularse en una sola demanda ejecutiva varios títulos.

4.- Límites materiales

En las resoluciones judiciales o arbitrales la única exigencia es que se trata de una condena que,
como ya se ha visto, puede concretarse inicial o finalmente en el pago de una cantidad de dinero,
en un hacer, en un no hacer o en un dar.
En el resto de los títulos el artículo 520 exige que la cantidad reclamada sea en dinero efectivo,
entendiendo como tal bien moneda española de curso legal o moneda extranjera convertible,
siempre que la operación esté permitida o autorizada legalmente. El artículo 577 establece los
criterios para el despacho de ejecución en moneda extranjera:

1.El auto despachando ejecución fijará la cantidad en dicha moneda,
2.las costas, gastos e intereses de demora procesal se abonarán en moneda nacional,
3.Para el cálculo de los bienes que deban ser embargados la cantidad de
moneda extranjera se computará según el cambio oficial al día del despacho de
ejecución. Si no cotiza oficialmente se determinará el cambio conforme a las
alegaciones y documentos que aporte el ejecutante.

El artículo 520.3º de la LEC, al igual que el derogado artículo 1435.3º, permite la demanda
ejecutiva reclamando cosa o especie computable en dinero.


LA EJECUCIÓN DINERARIA Y EL EMBARGO DE BIENES

¿ Quién ejecuta ?

El artículo 538.1 de la nueva Ley utiliza una terminología un tanto vaga y genérica:
"Son parte en el proceso de ejecución la persona o personas que piden y obtienen el despacho
de la ejecución y la persona o personas frente a las que ésta se despacha".

En cuanto al ejecutante en los títulos judiciales o arbitrales será aquella persona que aparezca
como beneficiario del pronunciamiento de condena recogido en la sentencia, persona que,
necesariamente tendrá que haber sido parte en el procedimiento del que traiga causa la
ejecución.
En los otros títulos que llevan aparejada la ejecución ejecuta quien aparece como titular de los
derechos referidos en los mismos.
El artículo 540 de la Ley establece los supuestos de sucesión del ejecutante, criterios muy
similares a los ya recogidos en los artículos 16 a 18 respecto de la sucesión procesal, pudiendo
instar la ejecución que acredite ser sucesor del ejecutante; esta exigencia de acreditación
determina que el ejecutante hayan de presentar:

1.Los documentos fehacientes en los que conste la sucesión, documentos sobre
los que el Juez, al admitir la demanda ejecutiva debe realizar un primer juicio de
suficiencia,
2.Si no consta en documentos fehacientes o no se consideran los aportados
suficientes el artículo 540.3 prevé una especie de incidente en el que interviene
el ejecutado y donde el juez decide lo que proceda respecto de la sucesión.

Una de las más importantes novedades de la LEC en materia de legitimación es la introducción
en el ordenamiento procesal civil español de las llamadas action class que legitiman a grupos de
consumidores y usuarios a litigar unidos en defensa de intereses comunes (artículos 11 y 15 de la
LEC en la fase declarativa); así como el efecto expansivo de la sentencia que se dicte en estos
procedimientos permitiendo el artículo 519 que la determinación de los beneficiarios de la
sentencia se realice en fase de ejecución:

1.El artículo 221 de la LEC permite que en sentencia en vez de determinarse los
beneficiarios el Juez, cuando la determinación individual no sea posible,
establezca los datos, características y requisitos necesarios para poder exigir el
pago y, en su caso, instar la ejecución o intervenir en ella;
2.partiendo de este artículo el 519 de la LEC establece un incidente, con
audiencia al condenado, en el que establecerá si, a la vista de los criterios
fijados en la sentencia, los solicitantes pueden ser considerados beneficiarios a
efectos de la ejecución. El testimonio de esta resolución - un auto - debe
acompañarse al testimonio de la sentencia que se pretenda ejecutar.

En cuanto a la necesidad de postulación y asistencia letrada el artículo 539 fija como norma
general la necesidad de que en la ejecución las partes intervengan dirigidas por letrado y
representadas por procurador; sólo se establecen dos supuestos en los que no es obligatoria la
intervención técnica:

1.La ejecución de resoluciones dictadas en procedimientos en los que no sea
preceptiva la intervención de dichos profesionales.- lo que determina que,
conforme a los principios establecidos en el artículo 23 y 31 de la LEC, no sea
necesaria la intervención de dichos profesionales en reclamaciones inferiores a
150.000 pts; tampoco lo será, por ejemplo, en la ejecución de los laudos
arbitrales de consumo en los que no es preceptiva la intervención de abogado
en el expediente ante el tribunal arbitral de consumo.
2.Tampoco es preceptiva la intervención de abogado y procurador en la ejecución
de juicios monitorios en los que no hubiera oposición y la cantidad por la que se
despache ejecución sea inferior a 150.000 pesetas.

Aunque el legislador no lo prevea expresamente en esta fase de ejecución son de aplicación, en
cuanto a la postulación y asistencia, las disposiciones especiales del artículo 32 de la LEC para
garantizar el principio de igualdad de armas.


¿ Cuándo se ejecuta ?

Ya se ha tratado al examinar los límites temporales a la ejecución; la Ley establece respecto de
los títulos judiciales y arbitrales la necesidad de aguardar 20 días antes de despachar ejecución y
del establecimiento de un plazo de caducidad de 5 años desde la declaración de firmeza de la
resolución que se pretenda ejecutar.

¿ Frente a quién se ejecuta ?

De nuevo hay que acudir a la referencia genérica del artículo 538 de la LEC: se ejecuta frente a
quien se haya despachado ejecución; en los párrafos siguientes se realizan algunas
concreciones respecto de la persona del ejecutado:

1.Se despacha ejecución contra quien aparezca como deudor en el mismo título,
lo que determina que en los supuestos de resoluciones judiciales o arbitrales
sea el condenado y en el resto de títulos quien aparezca como tal en los
mismos,
2.Quien, sin figurar como deudor en el título, responda personalmente de la deuda
por disposición legal o en virtud de afianzamiento acreditado en documento
público.
3.Quien, sin figurar como deudor en el título, resulte ser propietario de los bienes
especialmente afectos al pago de la deuda, siempre que tal afección derive de
Ley - aquí tienen cabida, pues, las responsabilidades derivadas de títulos
hipotecarios -, o se acredite mediante documentos fehaciente.- En estos casos
y respecto de estas personas la ejecución se limita únicamente a los bienes
especialmente afectos a la deuda.
4.Al igual que ocurría en la fase declarativa, en la que la LEC permite la
intervención adhesiva y la provocada (artículos 13 y 14), en la ejecución se
regula la presencia de terceros en la ejecución para poder utilizar los medios de
defensa que la ley reconoce al ejecutado en aquellos supuestos en los que por
disposición del Tribunal se extienda la responsabilidad a bienes propiedad del
tercero.
5.El artículo 540 de la LEC prevé la ejecución en el sucesor de quien aparezca
como ejecutado en el título, a falta de normas específicas en cuanto a la
sucesión debe acudirse a los preceptos referidos en los artículos 16, 17 y 18.
6.Normas especiales (artículos 541 a 544):
1.Ejecución sobre bienes gananciales.- Como principio general no se despachará ejecución contra la comunidad de gananciales.-  Cuando se ejecute por deudas contraídas por un  cónyuge sobre las que deba responder la sociedad de   gananciales (artículo 1365 del Código civil), se notificará al otro cónyuge la diligencia de embargo y se dará traslado de la demanda ejecutiva y del auto despachando ejecución para que pueda oponerse - es consecuencia del artículo 144 del   reglamento hipotecario - reconociéndole como motivo específico de oposición el que los bienes gananciales no  deben responder por la deuda. 

2.Ejecución frente al deudor solidario.- Sólo podrá despacharse ejecución contra ellos cuando hayan sido parte en el proceso  del que traiga causa la ejecución o cuando consten expresamente en el título o se derive de disposición legal expresa.
3.Ejecución contra uniones temporales de empresas.- Sólo se podrá despachar ejecución contra los socios de dichas uniones o asociaciones temporales cuando por acuerdo de estos o por disposición legal se hubiera fijado la responsabilidad solidaria. Si se fijo la responsabilidad subsidiaria es preciso acreditar previamente la insolvencia de la unión temporal.
4.Ejecución contra entidades sin personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados.- Se despachará ejecución contra los socios, miembros o gestores cuando éstos hayan actuado en el tráfico jurídico en nombre de la entidad y se acredite cumplidamente a juicio del Tribunal tanto la condición de partícipe como la actuación en el tráfico.-  Este criterio no se aplica a las Comunidades de propietarios
de inmuebles sometidos al régimen de la Ley de Propiedad Horizontal. * En estos dos últimos casos la comprobación requiere un incidente previo y un juicio de valor por parte del juez competente para la ejecución.

La acumulación de ejecuciones el artículo 555 de la nueva LEC establece la posibilidad de acumular ejecuciones conforme a los siguientes criterios: 
1.A instancia de cualquiera de las partes pueden acumularse las ejecuciones existentes entre el mismo ejecutante y el mismo ejecutado;
2.El procedimiento previsto el general para la acumulación de procedimientos en
el Libro I;  

3.Se establece la posibilidad de acumular ejecuciones contra un mismo deudor
de distintos acreedores, cuestión novedosa en el procedimiento civil no concursal; en estos casos el juez que conoce de la ejecución más antigua debe valorar si la acumulación favorece la satisfacción de todos los créditos;
4.Respecto de las ejecuciones hipotecarias la LEC excluye la posibilidad de acumulaciones, excepto si se trata de procedimientos de ejecución sobre otras garantías hipotecarias sobre los mismos bienes.

¿ Ante quién se pide la ejecución ?

Se trata de determinar el juez o Tribunal competente para el conocimiento de las ejecuciones o,
por ser más fiel a la terminología de la LEC, al procedimiento de ejecución:

1.Ejecución de títulos vinculados a resoluciones judiciales.- El Tribunal que conoció del asunto en primera instancia.- Este criterio determinará que, respecto del procedimiento monitorio, sea competente para ejecutar el Juzgado del domicilio del deudor ya que dicho Juzgado el competente para el requerimiento previo y la oposición y, en último término, es el que dicta el auto despachando ejecución; 

2.Ejecución de laudos arbitrales.- Es competente el Juzgado de 1ª Instancia del lugar donde se haya dictado.
3.Ejecución de títulos no judiciales o arbitrales.- El artículo 545 de la LEC remite a las normas generales sobre fuero previstas y reguladas en los artículos 50 y 51 de la LEC, que determina que a falta de norma específica será el domicilio del demandado; además se amplia la posibilidad de presentar la demanda en otros
lugares, lo que determina que el ejecutante pueda optar:
1.Por el domicilio del ejecutado,
2.Por el lugar del cumplimiento de la obligación,
3.El lugar donde se encuentren bienes del ejecutado susceptibles de ser embargados, * En ningún caso cabe
invocarse normas de sumisión expresa o tácita.
4.mención específica a la ejecución de bienes especialmente hipotecados o pignorados, se remite a las normas del artículo 684 de la LEC:
1.inmuebles.- Juzgado en el que radique la finca, si radica en más de un partido judicial o fueran varias fincas en distintos  partidos.- Sobre cualquiera de los Juzgados competentes, a elección del ejecutante,
2.Buques.- Juzgado que aparezca designado en el título de constitución de la hipoteca, en su defecto el juzgado del lugar en el que se constituyó la hipoteca y, finalmente, el domicilio del demandado o el lugar en el que radique el registro en el que se inscribió la hipoteca (en estos dos últimos supuestos a criterio del ejecutante),
3.Muebles.- Juzgado del lugar al que se hubiesen sometido las partes en la escritura de constitución de la hipoteca, en su  defecto el lugar donde la hipoteca hubiera sido inscrita. Si son varios los bienes hipotecados inscritos en diferentes registros  la opción respecto de la competencia corresponde al demandante conforme a los criterios ya expuestos,
4.Bienes pignorados.- Juzgado que conste en la escritura o póliza de constitución de la garantía, en su defecto el Juzgado del lugar en el que se encuentren los bienes almacenados o depositados.
* La Ley atribuye al Juez facultades en cuanto al control de la competencia territorial, que se realiza de oficio (artículo 546); sin perjuicio de que el artículo 547 permita al ejecutado interponer declinatoria dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la primera notificación del proceso de ejecución.

Respecto de la ejecución ha sido constante la tendencia prática de atribuir al secretario judicial
las competencias en materia de ejecución, la nueva Ley de Enjuiciamiento abunda formalmente
en esta atribución al establecer en el artículo 545.4.2 que el Secretario dictará las resoluciones
que procedan en la ejecución a través de diligencias de ordenación, sin embargo atribuye al Juez
expresamente las siguientes competencias:

1.El dictado del auto en el que se acuerde el despacho de la ejecución.- En este   punto las facultades del juez son amplias por cuanto controla de oficio no sólo el fuero territorial sino también el cumplimiento de los requisitos formales y materiales.- El auto en el que se acuerde el despacho de ejecución no puede
recurrirse; el auto en el que se deniegue dicho despacho es susceptible de recurso de apelación, aunque el artículo552 reconoce al acreedor la posibilidad de acudir primero a la reposición.
2.El dictado del auto en el que se ordene el embargo o su alzamiento,
3.Las decisiones respecto de la oposición a la ejecución, la suspensión,
sobreseimiento o reanudación de la misma,
4.Las decisiones respecto a las tercerías,
5.El artículo 545.4.1 termina utilizando una fórmula genérica de atribución de
competencias al Juez al indicar que en la misma Ley hay otras actuaciones
atribuidas al Juez, sin especificarlas; entre estas materias se pueden incluir, por
ejemplo, todas las incidencias en materia de terceros ocupantes de bienes
inmuebles o la propia declinatoria.

En definitiva la atribución de competencias al Secretario es más formal que real y, por otra parte,
al eliminar las propuestas de autos y de providencias deja reducidas las competencias del
secretario al uso de las Diligencias de ordenación que, conforme al artículo 224 de la propia LEC
no pueden entrar a resolver cuestiones que conforme a la propia Ley exijan providencia, auto o
sentencia, con advertencia de anulabilidad a instancia de parte.


¿ Cómo se ejecuta ?

En la nueva Ley se introducen importantes reformas conceptuales en materia de ejecución no
sólo por la unificación de títulos sino por el tratamiento que se da a la ejecución, sobre todo en lo
referido a sentencias u otras resoluciones que antes se tramitaban como incidencias a continuación de la sentencia firme.

En la nueva configuración de la ejecución ésta deja de ser un incidente para convertirse en un
verdadero proceso de ejecución que se inicia por medio de una demanda que, en muchos
supuestos, tiene unos requisitos formales mucho más complejos que el propio juicio declarativo
del que traen causa.

La demanda ejecutiva regulada en el artículo 549 de la LEC, la exigencia expresa de demanda
remite, necesariamente, a los elementos configuradores de la demanda previstos en el artículo
399 de la LEC respecto del juicio ordinario; en esa demanda debe hacerse referencia a las
siguientes cuestiones:

1.Título en el que se funda la acción por el ejecutante.- Que en el caso de resoluciones judiciales o arbitrales debe ser un testimonio de la resolución en cuestión,
2.La determinación de la tutela ejecutiva que se pretende, vinculándola al título y precisando la cantidad que se reclame lo que trae a colación los límites formales referidos al inicio de este trabajo.- En este punto debe indicarse que el artículo 575 y el 576 recogen criterios novedosos en la determinación de la cantidad por la que se despacha ejecución:
1.El ejecutante debe determinar en su demanda el principal, los intereses ordinarios y los moratorios vencidos, más un calculo aproximado de las cantidades que se prevean en concepto de intereses futuros, gastos y costas;
2.respecto de la previsión de intereses futuros, gastos y costas  en el auto despachando ejecución no podrán superar el 30%  de lo que se reclame, sin perjuicio de su ulterior liquidación; salvo que el ejecutante excepcionalmente acredite que el   interés previsto alcanzará una cifra superior, 

3.Al Juez se le reconoce la facultad de no despachar ejecución si entiende que la cantidad reclamada no expresase los cálculos referidos a la determinación de principal e intereses, o si no se acompañan los documentos que preceptivamente se exigen al ejecutante,
4.El artículo 576 recoge el contenido del derogado artículo 921 de la LEC en cuanto al llamado interés procesal, es decir, el  interés legal del dinero incrementado en dos puntos y computable desde la fecha de la sentencia, salvo que por Ley o por pacto se hubiera fijado un interés distinto,

3.Determinará los bienes del ejecutado susceptibles de embargo y de los que tuviere conocimiento el ejecutante; debe indicar también si considera que los bienes son suficientes para garantizar el fin de la ejecución;
4.Si los bienes no fueran suficientes el ejecutante habrá de reclamar la previa localización e investigación del patrimonio del ejecutado conforme al artículo 590 de la LEC, que determina la actuación de oficio del Juzgado, para averiguar bienes en registros y oficinas públicas; este precepto tiene dos
especialidades:
1.Esta actuación de oficio no se produce respecto de aquellos registros que sean de libre acceso público, en esos caso es la parte la que debe realizar la averiguación, 

2.El artículo 591 establece el deber de colaboración con la administración de justicia en materia de actuaciones de ejecución tanto a personas o entidades pública como privadas, sin más limitación que el respeto a los derechos fundamentales y demás límites que expresamente imponga la Ley;
También establece la exigencia de que el Juzgado garantice la confidencialidad de los datos obtenidos en esta averiguación patrimonial.
5.Como complemento a lo anterior el artículo 591 prevé que el Tribunal pueda requerir de oficio al ejecutado ante la insuficiencia de bienes para que colabore en la ejecución y designe bienes así como las cargas existentes sobre los mismos con apercibimiento de multa coercitiva y advertencia de la sanción penal correspondiente. Los criterios para imponer esta multa coercitiva y sus límites son:
1.la cantidad por la que se haya despachado ejecución, 

2.la resistencia a presentar la relación de bienes por el ejecutado, 

3.la capacidad económica del requerido,
4.la propia conducta del requerido y sus alegaciones, que pueden llevar a modificar la multa impuesta.
6.La identificación de los sujetos frente a los que se pretenda el despacho de ejecución.
7.Si se solicita la ejecución de una resolución judicial la demanda puede limitarse a solicitar que se despache ejecución identificando la resolución que se pretende ejecutar.

Como complemento a la demanda ejecutiva el artículo 550 de la LEC determina la necesidad de
que en la demanda se aporten determinados documentos, necesarios para el despacho de
ejecución; el de mayor trascendencia es el Título ejecutivo, salvo que se trate de una resolución
judicial que conste en autos; además en los supuestos de pólizas de crédito deberán aportarse
también los documentos en los que se efectúan las diligencias de liquidación y la notificación a
los ejecutados.

El legislador no ha previsto expresamente para la ejecución la posibilidad de que en aquellos
procesos de ejecución en los que no sea preceptiva la intervención de abogado y procurador
pueda hacerse uso de las llamadas demandas formulario aunque el criterio de interpretación
debe ser extensivo y, por lo tanto, considerar que también habrán de facilitarse a los ciudadanos
este tipo de modelos para que puedan acceder directamente a los Tribunales.

¿ Sobre qué bienes se efectúa la ejecución ? El Embargo.

Ya se han adelantado algunas ideas respecto de los nuevos criterios en materia de embargo, se
ha hablado del principio de colaboración del ejecutado y de terceros en la localización y
averiguación de los bienes susceptibles de embargo así como de sus cargas, así como la
prohibición expresa de embargos indeterminados, excepto en los supuestos de cuentas
corrientes.

El nuevo modelo de embargo parte de la exigencia legal de conocer qué bienes se quieren
embargar, bien porque los conozca a priori el ejecutante, bien porque sean averiguados en una
fase previa al embargo.

Al convivir en el libro III ejecuciones de distinta naturaleza el legislador prevé dos posibilidades de
embargo:

1.El embargo efectuado en el propio auto despachando ejecución, en aquellos supuestos en los que no hay requerimiento previo, fundamentalmente en la ejecución de resoluciones judiciales y arbitrales (artículo 587 de la LEC), así como en aquellos supuestos en los que el ejecutante ha optado por realizar un requerimiento notarial previo que sustituye al requerimiento judicial; en estos casos la diligencia de embargo que obligaba al Juzgado a desplazarse fuera de la sede desaparece y se sustituye por el auto, el embargo se entiende realizado desde la fecha de dicha resolución.
2.Para aquellos supuestos en los que la Ley prevé el requerimiento, títulos no judiciales o arbitrales, debe efectuarse la diligencia de embargo, es decir, el Juzgado debe salir de la sede para requerir de pago y si no se paga en ese momento extender una diligencia describiendo el bien que ser afecta a la
ejecución .

En la nueva LEC se regula el llamado reembargo, es decir, el embargo sobre bienes embargados; el criterio del legislador (artículo 610) es que hasta que no se vea satisfecho la primera de las ejecuciones que hubiera hecho la traba no empezará a ejecutarse la segunda de ellas.

También se regula la posibilidad de embargo de sobrante y se dan criterios muchos más
concretos en materia de mejora de embargo, de reducción y modificación del embargo (artículo
612) mecanismo por el cual el propio ejecutado puede sustituir la traba de un bien determinado
por otro, siempre y cuando garantice la satisfacción de los créditos pendientes.


Tal y como se infiere de lo expuesto hasta ahora la nueva Ley de Enjuiciamiento da cabida en el
texto legal a principios y criterios que hasta ahora tenían su acomodo en el ámbito doctrinal y
jurisprudencial ( caso, por ejemplo, del reembargo o del incidente de sustitución de bienes
sujetos a traba); entre estos principio de nuevo acceso tiene especial interés el principio de
proporcionalidad del embargo referido en:

el artículo 584, que establece que, como regla general, no se embargarán bienes cuyo valor exceda de la cantidad por la que se haya despachado ejecución;  ese mismo criterio de ponderación vuelve a aparecer en el artículo 643 cuando, al tratar de la subasta se indica que el Juez tiene la facultad de no sacar a
subasta aquellos bienes o lotes de bienes cuyo valor se prevea que no cubrirá ni tan siquiera los gastos de la propia subasta, o en el artículo 671, que determina que si no existe postor y el acreedor no quiera adjudicarse el bien en los términos que marca la Ley se alzará el embargo.

El criterio del legislador es el de evitar que el embargo se convierta en un instrumento de coacción al ejecutado, un instrumento que facilite el pago o arreglo extrajudicial con la amenaza de unos bienes trabados.

Claro está que el principio de proporcionalidad no es absoluto, sino relativo, y que se establece la posibilidad de efectuar embargos respecto de bienes de valor superior a la deuda si no existen otros bienes conocidos del deudor y no se garantizan los fines de la ejecución, que no son otros que los del pago completo en un plazo razonable.

Estos criterios de proporcionalidad y ponderación aparecen de nuevo al determinarse los bienes
susceptibles de embargo, referidos en el artículo 592, que es un trasunto del derogado artículo
1.447 de la LEC de 1881; la transcripción de uno y otro precepto no es literal y el actual artículo
592 incluye algunas novedades:

1.Se da preferencia a los pactos existentes entre las partes, pactos que pueden ser previos a la ejecución o posteriores a esta;
2.En defecto de pacto el criterio que ha de primar es el de mayor facilidad de enajenación compatibilizado con la menor onerosidad de la enajenación para el   ejecutado;
3.En el orden de prelación se mantienen criterios similares en la vieja y en la nueva regulación, aunque los créditos realizables en el acto pasan de la cuarta posición a la segunda.

También se introducen correcciones en lo referido a los procentajes que podían embargarse de
sueldos y salarios, frente a la escala del derogado artÍculo 1451 de la LEC de 1881 el nuevo artículo 607 permite que la cuantía adicional hasta el 3ª salario mínimo interprofesional sea embargable en un 50%, frente al 40% del texto derogado, lo que lleva a que el siguiente tramo (4 veces el SMI) pase al 60%, el siguiete al 75 % y a partir del 6º salario mínimo interprofesional el embargo alcance el 90%. Al objeto de moderar esta mayor presión el propio artículo 607 determina que el Juez podrá modular en un 10% o 15% cada uno de los tramos.

Respecto de los criterios de inembargabilidad la novedad más llamativa es la referida a a los
libros e instrumentos de trabajo, que en la vieja LEC eran inembargables sin otra matización y en
el nuevo texto solo son inembargables cuando no guarden proporción con la cuantía de la deuda.

Tercerías.-

El tratamiento procesal de los embargos lleva necesariamente aparejada la regulación de las
tercerís; en esta materia la nueva Ley de enjuiciamiento mantiene criterios similares a la del texto
que deroga tanto en el objeto de las tercerías, cuya única finalidad es la de alzar el embargo en el
caso de la tercería de dominio -, o establecer una prioridad en el cobro para el supuesto de la de
mejor derecho sin hacer pronunciamientos respecto de la validez de los títulos en los que basa su
pretensión el tercerista.

El legislador en ambos casos remite a los cauces del juicio ordinario, mantiene criterios muy
similares en cuanto a legitimación activa y pasiva así como en cuanto a la posición que el
ejecutado y el ejecutante pueden adoptar respecto de la tercería; de igual manera se sigue
manteniendo la exigencia de que la parte demandante presente un principio de prueba. Las
principales novedades estriban:

1.En la inclusión de una especie de incidente para evitar la tercería previsto en el artículo 593 de la LEC que permite dar traslado de quien pueda ser titular de los bienes susceptibles de embargo y que sea distinto del ejecutado al objeto de concretar el alcance de su título antes del embargo y con la finalidad de evitar la
tercería;
2.En la tercería de dominio la presentación de la demanda no determina por sí misma la suspensión del apremio, el artículo 598 establece un incidente en la tercería por el cual el Juez puede fijar una fianza o caución al tercerista y con ello condicionar la admisión a trámite de la demanda; 

3.En la tercería de mejor derecho cuando el ejecutante se allane a la pretensión del tercerista la LEC artículo 619 no se entregará el dinero consignado hasta que el tercerista acredite haber satisfecho al ejecutante al menos 3/5 partes del coste de la ejecución respecto del bien hasta la fecha de interposición de la
tercería.


¿ Cómo puede oponerse el deudor ?

Aunque el artículo 517 de la LEC establece las bases para un tratamiento unitario de la ejecución,
lo cierto es que la oposición del deudor no puede tener la misma amplitud en los distintos títulos
que llevan aparejada ejecución; no tendría ningún sentido y supondría un obstáculo para la
ejecución que en los títulos de origen judicial o arbitral el deudor puediera articular motivos de
fondo que le permitieran reproducir argumentos que debieron ser tratados en la fase declarativa
del expediente. De igual modo debe darse cabida en la nueva Ley a motivos de oposición
expresamente referidos a títulos de carácterísticas muy determinadas, como pueden ser los autos
de cuantía máxima derivados del uso y circulación de vehículos de motor.

Con carácter general la LEC regula en los artículos 556 a 564 tres cauces o motivos de
oposición:

1.Por motivos de fondo,
2.por infracciones procesales,
3.Por la realización de actos de ejecución contradictorios con el título ejecutivo, o infracciones legales durante la ejecución. Se articula por medio de los recursos ordinarios o, en su caso, por medio de escrito de alegaciones que da lugar a un incidente.

La oposición a la ejecución de resoluciones judiciales o arbitrales:

Plazo para oponerse: 10 días, por escrito motivado.

Motivos:

1.El pago.- Debe justificarse documentalmente
2.El cumplimiento de lo ordenado en la sentencia.- Debe documentarse,
3.Caducidad de la acción ejecutiva,
4.Transacción o pacto que conste en documento público.
5.En las resoluciones derivadas del uso y circulación de vehículo de motor se extienden los motivos a:
1.Culpa exclusiva de la víctima,
2.Fuerza mayor extraña a la conducción o funcionamiento del vehículo,
3.Concurrencia de culpas;
6.Oposición por motivos procesales (común a la ejecución de los títulos no judiciales o arbitrales.- Tiene tratamiento procesal distinto y su contenido se verá en el epíografe siguiente al tratar de dichos títulos,

Títulos no judiciales ni arbitrales.-

1.- Motivos de fondo:

1.Pago que pueda acreditarse documentalmente.- Es una limitación respecto de la regulación anterior,
2.Compensación de crédito líquido que resulte de documento con fuerza ejecutiva.- también introduce el correctivo formal,
3.Pluspetición o exceso en la computación en metálico de deudas en especie.- Si se alega sólo este motivo no se suspende la ejecución, salvo que el oponente afiance;
4.Prescripción o caducidad,
5.Quita, espera, pacto o promesa de no pedir que conste documentalmente,
6.Transacción que conste en documento público.

Como se ha visto los motivos de oposición de la nueva ley son más reducidos que las excepciones del derogado artículo 1464 de la LEC y además mantiene, como criterio general, el de que dichos motivos han de tener apoyo documental para poder ser alegado y en algunos casos el documento ha de ser público o estar dotado de fuerza ejecutiva.

2.- Oposición por defectos procesales.-

1.Carecer el ejecutado del carácter o representación con que se le demanda,
2. Falta de capacidad o de representación del ejecutante, o no acreditar éste el carácter o representación con que demanda,
3.Nulidad radical del auto despachando ejecución por no cumplir el título los requisitos formales que lo doten de ejecutividad.

Estos motivos sustituyen a las derogadas causas de nulidad del artículo 1467 de la LEC de 1881.

3.- Tramitación:

Sí se alegan defectos procesales.

1.Deben alegarse dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto despachando ejecución.- La Ley prevé un plazo de alegaciones del ejecutante de 5 días;
2.Si el defecto es subsanable el Juez debe dar 10 días para que se subsane.-
3.Si no se aprecia la existencia de defecto o ñéste se subsanó.- Se dicta auto ordenando seguir adelante con la ejecución.-
4.La Ley no prevé la posibilidad de oprueba pero debe entenderse admisible cuando menos la documental;

Si se alegan motivos de fondo:

Una vez resueltos los motivos procesales el ejecutante puede impugnar la oposición en plazo de 5 días.
Las partes pueden solicitar la celebración de vista que, en el caso de la pluspetición por discrepancias en las operaciones de liquidación permite incluso la práctica de prueba procesal,  El Juez puede rechazar la solicitud de vista.

Junto a estos cauces de oposición debe tenerse en cuenta la referencia ya indicada de la posibilidad de que el ejecutado pida la modificación del embargo.

¿ Qué garantías tiene el ejecutante ?

Reguladas en los artículos 621 a 633 de la Ley, se trata de los mecanismos previstos para hacer efectivos los embargos trabados. Con carácter general debe indicarse que la nueva Ley aunque introduce más garantías a favor del ejecutado y ordena tanto la ejecución como su posible oposición, esto no se hace en detrimento de los intereses del ejecutante que dispone de mecanismos procesales que permitirán una ejecución más rápida y con mayores garantías para el cobro de las deudas ya que los motivos de oposición no sólo son más reducidos que los de la vieja LEC, sino que además incluyen muchos más requisitos formales.
Entrando ya en la concreta regulación de las garantías, la previsión legal es más concisa que la vieja LEC, observándose las siguientes novedades legislativas:

1.Respecto de bienes muebles y derechos la Ley permite tanto la consignación en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones judiciales como la retención de las cantidades en las entidades financieras; 

2.Se incluyen garantías más precisas en el embargo de valores e instrumentos financieros obligando a notificar las liquidaciones periódicas y las informaciones de interés para el ejecutante que puedan afectar al valor de los bienes;
3.En el embargo de muebles junto a la descripción en el acta se permite la grabación o fotografía para documentar con más concreción el estado del bien;
4.Se flexibiliza la posibilidad de designar depositarios, incluso eventuales, autorizando que los depósitos puedan recaer en los colegios de procuradores.- Cuando el depositario sea un tercero puede reclamar el adelanto de cantidades por gastos de custodia o conservación;
5.respecto de los inmuebles la garantía es la inscripción o anotación preventiva – prevista también para bienes mueble que accedan a registros públicos.- El artículo 629 permite la remisión por fax de la resolución de embargo para quese extienda asiento de presentación; 

6.También como garantía regula la nueva Ley la administración judicial de empresas, derogando con ello el Decreto de 1969; frente al administrador que designa el juzgado la Ley mantiene que la posibilidad de que el ejecutado y el resto de los afectados puedan nombrar interventores  7.Fuera de estos artículos deben considerarse también como garantías para el ejecutante tanto la posibilidad de requerimientos al deudor para que designe bienes, como la averiguaciónd e estos bienes de oficio; otro mecanismo de garantía es el de notificación del posible embargo a quienes aparezcan como titulares del bien y que no sean ejecutados al objeto de evitar las terceríaas; son mucho más rigurosas las normas que regulan la suspensión o paralización de la ejecución; incluso en la via de apremio se observan también mecanismos de protección del ejecutante, por ejemplo en lo referente a la presencia de terceros en el inmueble.

EJECUCIONES NO DINERARIAS

Aunque la Ley regula las ejecuciones dinerarias después de la vía de apremio, lo cierto es que por razones sistemáticas debe encajarse en este epígrafe; los artículos que la LEC dedica a este tipo de ejecuciones son los artículos 699 a 720 y en ellos se observan coincidencias con la regulación de la derogada Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, pero también algunos criterios que mejoran o simplifican estos procedimientos de ejecución que no siempre son fáciles de dar forma procesal dado que la variedad de posibilidades de ejecución distinta de la entrega de dinero es muy amplia.

Los principios aplicables a estos modelos de oposición se sintetizan del modo siguiente:

1.En último término este tipo de obligaciones terminan por convertirse en obligaciones pecuniarias en los supuestos de imposibilidad de ejecución en sus propios términos,  

2.No se marcan por la LEC plazos o términos rígidos para reclamar los cumplimientos, debiendo modular el Juez dichos plazos en atención a la circunstancia de cada caso concreto; 

3.Se puede reclamar por el ejecutante el embargo en garantía de esas ejecuciones y la Ley permite que el ejecutado pueda ofrecer fianza o caución para evitar ese embargo, 

4.Como complemento a estos sistemas de ejecución la Ley permite, incluso en las obligaciones de naturaleza personalísima, que el ejecutante inste la imposición al ejecutado de multas coercitivas en busca de una ejecución en los propios términos de los títulos en vez de su sustitución por dinero. Esas multas pueden ser mensuales – y alcanzar hasta un 230% del precio o valor – o ser una única multa del 50% del valor.
5.En las obligaciones de entregar cosas genéricas la LEC permite (artículo 702) que el ejecutante sustituya la entrega de cosa por la de dinero si manifiesta que el retraso ya no satisface su interés;  6.Se regulan en estos capítulos los lanzamientos judiciales de bienes inmuebles observándose en los artículos 703 y 704 plazos más amplios que los de la normativa derogada – en el caso de la vivienda si fuer ahabitual el plazo puede extenderse hasta a dos meses. Por otra parte se prevé un incidente para poder lanzar a terceros ocupantes que no sean parte en la ejeción, incidente que se resuelve por medio de un auto que aunque no tenga fuerza de cosa Juzgada permite al Juez llegar a una convicción que le permita acordar o denegar el lanzamiento en ese momento o remitir al juicio correspondiente.

LA VÍA DE APREMIO.

3.1- CONSIDERACIONES GENERALES

Partiendo de los datos ofrecidos por el Libro Blanco de la Justicia elaborado por el Consejo
General del Poder Judicial en noviembre de 1997 más de un 35 % de las sentencias civiles no
pueden ejecutarse y un un porcentaje superior al 15 % restante se ejecuta parcialmente; no cabe
duda del fracaso de la jurisdicción civil en la ejecución, fracaso que se acentúa si se tienen en
cuenta los indudables problemas de lentitud de la tramitación de las ejecuciones. En la vieja Ley
de Enjuiciamiento civil la vía de apremio quedaba ventilada en una cincuentena de artículos (1481
a 1531 de la LEC de 1881), más los referidos a las especialidades hipotecarias (131 y 132 de la
Ley Hipotecaria con sus concordancias en el Reglamento Hipotecario). En la nueva Ley se amplía
el número de preceptos que regulan el apremio (artículos 634 a 699); pero la trascendencia de la
reforma no sólo es cuantitativa sino también cualitativa.
Existía, por lo tanto, cierto consenso político y profesional sobrer la necesidad de introducir
importantes modificaciones en el sistema de ejecución de las sentencias civiles, circunstancia
que hizo que en la tramitación parlamentaria de la Ley de Enjuiciamiento no se cuestionara el
nuevo modelo de ejecución en el que se introducían importantes modificaciones respecto del
modelo anterior.

Tres son las características principales del nuevo procedimiento de apremio:

1.La simplificación de trámites.- En primer lugar porque se establece un solo modelo de apremio aplicable tanto a la ejecución ordinaria como a la hipotecaria; se realiza una unificación legislativa ya que se trae a la LEC normativa procesal que antes se incluía en la Ley Hipotecaria (1946), en la Ley reguladora de la Hipoteca Mobiliaria y la Prenda sin Desplazamiento (1954), y en la Ley de Hipoteca naval (1893). La simplificación lleva a reducir las convocatorias de subasta de tres a una y desaparecen algunos requisitos formales como el de la preceptiva publicidad de los edictos en diarios oficiales. 

2.La introducción de instituciones alternativas a la subasta judicial.- La subasta deja de ser la única vía posible para la enajenación judicial, permitiendo bien la venta judicial directa, sin necesidad de subasta (art. 640), bien la atribución de la enajencación a una persona o entidad especializada (artículo 641)

3.La flexibilización de los sistemas de enajenación forzosa.- El legislador no establece normas rígidas sino que permite que el ejecutante, el ejecutado y los postores progongan al Juez distintas alternativas de ralización de los bienes. Esa flexibilización de termina que en algunos artículos aparezcan fórmulas
abiertas, sometidas al criterio del Juez, como por ejemplo:
1.El ofrecimiento a adquirir los bienes por un precio previsiblementa superior al que pudiera lograrse mediante subasta judicial (art. 640.2.2 LEC);
2.Respecto de las posturas en susbasta inferiores al 30 % del valor del bien si fuera mueble o 50% si fuera inmueble, la aprobación del remate queda sujeta al arbitrio judicial ya que se establece que el tribunal, oídas las partes, resolverá ... a la vista de las circunstancias del caso y teniendo en cuenta especialmente la conducta del deudor (art. 650.4.3)

3.O la posibilidad de novar o rehabilitar la hipoteca si se consignan las cantidades adeudadas en el préstamo
hipotecario (art. 693).

La nueva Ley aumenta las competencias del Secretario en materia de ejecución dado que asume la fijación del valor definitivo de la subasta de bienes inmuebles (el artículo 666 atribuye al secretario la obligación de deducir del valor de mercado del bien las cargas y gravámenes  inscritos que persistan); el Secretario asume la dirección de todas las subastas, rompiendo con la legislación anterior que atribuía las subastas hipotecarias al Juez. Sin embargo se ha perdido una oportunidad probablemente histórica para dar plenitud de competencias al Secretario Judicial en la ejecución ya que sigue atribuyendo al Juez la resolución de determinados conflictos en la ejecución.

Respecto de los objetivos de la Ley, la nueva regulación no sólo trata de solventar las dificultades observadas en la vía de apremio, sino también introduce mecanismos para evitar los abusos observados en el viejo modelo de subasta, abusos que se detectaban en tres ámbitos:

1.En el del deudor, a la que las normas le permitían posiciones no ya pasivas, sino claramente obstaculizadoras de la ejecución.- Ya se ha visto la importancia de la conducta del deudor para la aprobación de algunos remates; también se establecen procedimientos para evitar la aparición sorpresiva de terceros
ocupantes o poseedores de los bienes sujetos a trabas. 

2.En el del acreedor.- A quien se impide la puja cuando no haya otros postores, estableciendo que podrá quedarse con el bien objeto de apremio por el valor de la deuda o, por lo menos, por un 50% del valor de tasación (art. 671);
3.En los postores, ya que se establecen condiciones más rigurosas para intervenir en la subasta de inmuebles (se eleva la cantidad a consignar de un 20% a un 30% del valor tasado del bien), y se limita la posibilidad de
adjudicación de bienes por precios ridículos, bien permitiendo al Juez suspender la subasta (artículo 643 de la LEC) o incluso alzar el embargo si las cargas son superiores al valor del bien (artículo 666.2).

El nuevo sistema de ejecución no está exento de algunos problemas tanto teóricos como prácticos. Este trabajo se plantea con tres objetivos:

1.Realizar un esquema de la vía de apremio en la Nueva Ley;
2.Destacar las principales novedades respecto de la regulación anterior;
3.Analizar los problemas que puedan surgir de la aplicación de las nuevas instituciones.

3.2.- SISTEMAS DE REALIZACIÓN DE LOS BIENES EMBARGADOS

Según sea la naturaleza de los bienes embargados (art. 592 de la LEC) el artículo 634 y siguientes de la nueva LEC establece distintos sistemas de realización.

1.La entrega directa al ejecutante.- Se parte de los supuestos ya previstos en la vieja Ley (artículos 1481 y 1482) pero se amplían y precisan los supuestos al permitir, por ejemplo, la entrega de los bienes adquiridos en contratos de venta a plazo o arrendamientos financieros en supuestos de obligaciones debidas por incumplimientos de contratos de venta a plazo.  Los supuestos de entrega directa son, por lo tanto:
1.Cuando se haya embargado dinero en efectivo,
2.Cuando se hayan embargado saldos de cuenta s corrientes yotras de inmediata disposición,
3.Cuando se hayan embargado cuentas convertibles, previa
conversión, en su caso,;
4.Cualquier otro bien cuyo valor nominal coincida con su valor de mercado o que, aunque inferior, el acreedor acepte la entrega del bien por su valor nominal. Por ejemplo en el supuesto de colecciones de sellos o de monedas conmemorativas;
5.Cuando se embargaron saldos favorables en cuenta con  vencimiento diferido se habilita al tribunal para adoptar las medidas oportunas para lograr el cobro, estas medidas son básicamente la retención del depósito aunque el propio texto de la LEC permite la designa de administración lo que remite al artículo 676 y concordantes de la propia LEC;
6.Cuando se condene al pago de cantidades debidas por incumplimiento de contratos de venta a plazo de bienes mueble el ejecutante puede solicitar la entrega inmediata del bien por el valor que resulte de las tablas o índices referenciales de depreciación que se hubieran establecido en el contrato.- El supuesto que plantea es el siguiente: Sentencia   que condena a una persona al pago de las cuotas, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de un contrato de venta a plazo, el ejecutante puede reclamar la entrega del bien vendido a plazos y descontar de la deuda el valor del bien conforme a las tablas que aparecen en el propio contrato.
En este punto no debe olvidarse que el legislador ya ha introducido en la propia LEC mecanismos de protección específica de los contratos de venta a plazo y arrendamientos financieros (artículo 250.10º y 11, referidos a los juicios verbales).- En los supuestos de entrega directa al ejecutante el legislador sólo permite la entrega en los supuestos de venta a plazo lo que remite directamente a los supuestos previstos en
la Ley 28/98, de 13 de julio, sobre venta a plazo. No hay ninguna referencia en este precepto a los arrendamientos financieros.
2.La enajenación de acciones y de formas de participación en sociedades: El artículo 635 de la nueva Ley es mucho más completo que el 1482 de la Ley de 1881, sin embargo el legislador ha perdido una ocasión para clarificar el sistema de enajenación de acciones dado que con la regulación anterior no se definían con precisión las normas de venta judicial de acciones aunque el criterio asentado era el de aplicar el reglamento de Bolsas de Comercio de 1967, ha habido casos en los que se ha procedido a la subasta ordinaria.
Los supuestos que prevé el nuevo texto legal son:
1º) Acciones, obligaciones o valores admitidos a negociación en mercado secundario.- La enajenación se realiza con arreglo a las normas que rigen estos mercados (Ley reguladora del mercado de valores Ley 24/88 reformada por la Ley 37/98).

2º) Bienes que cotizan en cualquier otro mercado reglado o que puedan acceder a un mercado con precio oficial.- Se regulan por las normas que se refieran a dicho mercado, sería el supuesto, por ejemplo, de acciones que cotizaran en mercados extranjeros;

3º) Acciones o participaciones de cualquier clase que no coticen en bolsa:
a.- Se enajenarán conforme a las previsiones del estatuto de la sociedad o, en su caso, las normas societarias correspondientes.-El legislador advierte expresamente de la necesidad de respetar los derechos de adquisición preferente.- La consecuencia es clara, el embargo de este tipo de acciones o
participaciones en ningún caso puede alterar el régimen jurídico de las mismas dentro de la sociedad;
b.- A falta de disposiciones especiales se realizará la venta por medio de notario o corredor de comercio colegiado, es decir, se excluye la subasta judicial ordinaria.- Al no haberse modificado la ley en este punto es de perfecta aplicación el criterio defendido por algunas audiencias como la de Málaga (sentencia de 20-10-95):" en la venta de títulos valores efectuada por orden judicial, y no admitidos a cotización oficial en mercados secundarios, el anuncio deberá efectuarse como mínimo quince días antes, en el Boletín Oficial del
Estado (art. 253), por orden del Corredor de Comercio. En el anuncio se determinarán los detalles y pormenores referentes a los valores que se deseen subastar, y el importe mínimo en el que podrán ser adjudicados (que deberá coincidir con el de tasación, ya mencionado). Las solicitudes se efectuarán por
escrito conforme a lo establecido en el art. 257 del Reglamento, y concordantes del mismo"; incurriendo en nulidad radical la enajenación que no respete los principios recogidos en dicha normativa.
3.El convenio de enajenación entre ejecutante y ejecutado, con intervención de otros interesados.- Es una de las novedades de la Ley como instrumento sustitutivo de la subasta judicial, que se analizará en epígrafe a parte. 

4.La realización por persona o entidad especializada.- Otra de las novedades de la LEC 2000, que se examinará con más detenimiento más adelante.
5.La subasta.- regulada en el artículo 643 y siguientes de la Ley; al menos sobre el papel el legislador desea que la subasta sea "el último remedio" ya que permite que el ejecutante juntamente con el ejecutado articule vías alternativas a la subasta o las reclame unilateralmente para evitar dicha subasta. Ciertamente en la legislación anterior no existía ningún obstáculo para que ejecutante y ejecutado alcanzaran algún tipo de convenio de enajenación distinto de la subasta, la falta de una regulación específica determinada que salvo en los supuestos de convenio transaccional en fase de ejecución, que sí era aprobado
por el Juez, en el resto de los supuestos estos convenios no tenían intervención judicial. La nueva Ley establece la intervención del Juez en estos procedimientos alternativos permitiendo incluso que el Juez pueda calibrar –
como se verá en sucesivos epígrafes – si las previsiones del convenio resultarán más satisfactorias para el acreedor que la subasta.

6.La administración para el pago.- Aunque la nueva Ley no incluye la administración para pago como un medio de realización, lo cierto es que en los artículos 676 a 680 regula esta institución procesal que responde a una doble finalidad:
1º) El aseguramiento de los bienes embargados,
2º) La satisfacción al acreedor de su deuda con el fruto de dicha administración.
En la vieja Ley de Enjuiciamiento Civil la administración judicial de los bienes embargados aparecía en dos momentos:
1º) Artículo 1450 de la LEC de 1881, cuando se embargaban frutos y rentas se podía constituir esta administración que en su regulación se remitía al artículo 1010 y siguientes del mismo texto legal – referidos a la prevención y administración del ab intestato;

2º) El artículo 1505 y concordantes, referidos a la solicitud de administración por
el acreedor tras la primera subasta desierta; Además estaba el Decreto Ley 18/69, de 20 de octubre, sobre
administración judicial en caso de embargo de empresas, Ley expresamente derogada por la nueva LEC.
En la nueva Ley de Enjuiciamiento civil la administración para el pago se regula específicamente en el referido artículo 676 y siguientes, administración que tiene las siguientes características:

1º) Se puede reclamar por el acreedor en cualquier momento;
2º) Antes de acordar la administración el Juez debe dar audiencia a terceros titulares de derechos sobre el bien inscritos o anotados con posterioridad al del ejecutante;
3º) El Juez adopta la decisión por medio de providencia.- No es una decisión automática dado que el juez debe ponderar la naturaleza del bien embargado;
4º) El administrador es el propio ejecutante ya que a él se le entregan los bienes.- El ejecutante puede designar administrador
5º) Antes de entregar los bienes debe realizarse inventario;
6º) La Ley permite imponer multas coercitivas al ejecutado o a los terceros que impidan u obstaculicen el ejercicio de la administración;
7º) La administración se regula:

1.Por los acuerdos existentes entre ejecutante y ejecutado, 

2. Por la costumbre del país en el que los bienes hayan de ser ejecutados.- El legislador abandona en este punto la remisión a otros supuestos de administración regulados en la propia ley, caso, por ejemplo, de la prevención del ab intestato regulada ahora como procedimiento especial en el libro IV; 

8º) El artículo 678 de la nueva Ley prevé que la rendición de cuentas se realice ante el secretario, esta rendición de cuentas previa su aprobación debe ser conocida por el ejecutado, que tiene 15 días para realizar alegaciones abriéndose un trámite incidental en el que se prevé comparecencia y fase de prueba y que concluye por medio de auto del Juez aprobando o rectificando las cuentas. Al finalizar la administración se produce una rendición general de cuentas.
9º) La administración concluye:
1.Cuando se haya satisfecho el crédito, intereses y costas con el producto de los bienes del ejecutado.- Una vez satisfechos el ejecutado recupera el uso del bien; 

2.Cuando el ejecutado paga lo que resta de deuda conforme al último estado de cuentas del acreedor.
3.El ejecutante puede pedir en cualquier momento la finalización de la administración y, previa rendición de cuentas, solicitar que se proceda a la realización forzosa del bien.
7.En la Ley no hay una previsión específica de que el ejecutante pueda repercutir en el procedimiento los gastos de administración, sin embargo dentro de la rendición y aprobación de cuentas el acreedor podrá presentar los gastos que se deriven de dicha administración y, previa aprobación, aplicarlos al procedimiento.

3. 3.- LA VALORACIÓN DE LOS BIENES EMBARGADOS

La nueva Ley cambia el sistema de valoración dado que atribuye esta función a peritos
judiciales en vez de a peritos designados por las partes, tal y como establecía el artículo 1483 y
concordantes de la LEC de 1881.
Al igual que en el modelo de la vieja LEC, en la nueva LEC se respetan, en primer término,
los pactos que hubieran alcanzado las partes sobre el valor del bien, este acuerdo puede ser
previo a la ejecución o alcanzarse durante la vía de apremio (artículo 637).
Para la designa de perito tasador se establecen las siguientes posibilidades:
1º) En primer lugar deben designarse los peritos tasadores entre los que presten servicio en la
Administración de Justicia; hasta ahora este tipo de peritos sólo aparecían en la jurisdicción
penal;
2º) En defecto de los anteriores la Ley prevé la designa de servicios u organismos técnicos de
Administraciones públicos.- El artículo 638 exige:


1.Que dispongan de personal cualificado,
2.Que hayan asumido, a esos efectos, el compromiso de colaborar con la
administración de justicia.- Este segundo requisito hace pensar en la necesidad
de convenios entre las distintas administraciones;


3º) En defecto de los anteriores la Ley prevé la designa de perito de entre los que aparezcan en
las listas que suministren las entidades públicas o Colegios profesionales.- Puede ser designado
perito tanto persona física como jurídica.



A falta de una norma específica la insaculación de estos peritos se hará siguiendo las reglas
referidas para la insaculación de peritos judiciales en fase de prueba de los juicios declarativos,
es decir, realizando el sorteo al inicio del año y siguiendo el orden sucesivo en las distintas
valoraciones serán de aplicación subsidiaria las normas establecidas para la prueba pericial en
los artículos 341 y siguientes de la LEC.



El perito designado por este tercer cauce no puede renunciar, salvo que concurra una causa de
abstención.- La Ley establece un riguroso sistema de plazos para este trámite:

1.El perito tiene 1 día para aceptar el cargo,
2.El perito tiene 8 días para entregar al juzgado la valoración.- Sólo
excepcionalmente el Juzgado mediante providencia podrá ampliar el plazo en
función de la cuantía o complejidad de la valoración.
3.Las partes y los acreedores con título inscrito conforme al artículo 658 de la LEC
referido a la inscripción del bien a nombre de persona distinta del ejecutado
tienen 5 días para realizar alegaciones o informes complementarios de otros
peritos tasadores discrepando sobre el avalúo.- El Juez mediante providencia y
conforme a las reglas de la sana crítica determinará la valoración definitiva a
efectos de la ejecución; contra esta providencia no cabe recurso de ningún tipo.

El perito realiza la valoración conforme al valor del mercado; el artículo 639.3 indica
expresamente que en el caso de bienes inmuebles no se tendrán en cuenta las cargas y
gravámenes que pesen sobre el inmueble ya que corresponde al Secretario (artículo 666)
establecer cual es el precio de salida para la subasta de dichos inmuebles; la Ley encomienda al
Secretario esta determinación del precio para lo cual habrá de deducir del precio de mercado el
importe de las cargas y derechos anteriores cuya referencia resulte de la certificación registral de
dominio y cargas.
El problema que se plantea en este punto es que en muchas ocasiones la certificación registral
hace referencia cargas o gravámenes cuyo valor sea difícil de determinar (por ejemplo una
anotación preventiva de la demanda) o hacer referencia a obligaciones que han sido liquidadas o
satisfechas en todo o en parte por el deudor (por ejemplo un préstamo hipotecario del que el
deudor hubiera pagado varios plazos); el artículo 657 permite al Tribunal – tanto al Juez como al
Secretario – dirigirse a estos acreedores inscritos para que informen sobre la situación real del
crédito; el artículo 657 de la LEC permite recabar información incluso sobre los intereses
moratorios que se devenguen por cada día de demora en el pago y la previsión de costas.

Si el valor de las cargas iguala o excede del valor determinado para el bien el Juzgado alzará el
embargo.- Esta es otra de las importantes novedades de la LEC en materia de ejecución ya que
permite al Juzgado tanto en esta fase – como cuando se prevea que el precio que pueda
alcanzar el bien en subasta no cubrirá los gastos de la misma – el alzamiento del embargo y, por
lo tanto, la no realización de la subasta.

Nada establece la LEC en este punto sobre los posibles recursos a la resolución judicial,
circunstancia que determina que la resolución que se dicte alzando el embargo sea recurrible en
reposición y, en su caso, en apelación conforme al régimen general.

3.4.- SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA SUBASTA

Se anunció como una de las grandes novedades de la LEC en materia de ejecución la
introducción de sistemas alternativos a la subasta, sin embargo esta novedad debe examinarse
con cautela:

1º) Porque con la legislación anterior nada impedía a ejecutante y ejecutado alcanzar acuerdos
similares a los previstos en los artículos 640 y 641 y reclamar la convalidación judicial como
transacción;



2º) Las fórmulas empleadas por el legislador de 2000 son, en muchos casos, demasiado vagas,
dejando importantes lagunas e imprecisiones;

3º) En la medida en la que se trata de mecanismos alternativos cuya aplicación se deja a la
iniciativa de las partes puede ocurrir que en la práctica el ejecutante prefiera la subasta que, con
las mejoras introducidas, puede agilizar la enajenación judicial de bienes muebles e inmuebles.

A.- El convenio de realización.

Regulado en el artículo 640 de la nueva Ley el convenio de realización judicialmente
aprobado no es sino un acuerdo de realización sobre los bienes embargados alcanzado por el
ejecutante, el ejecutado y quien acredite tener interés directo en la ejecución.
Este convenio surge con la intención de ser más eficaz que otras formas de realización y, por
lo tanto, exige que el Juez realice un juicio de valor sobre si el precio ofrecido en el convenio es
previsiblemente superior al que podría obtenerse en subasta.
Aunque el artículo 640 de la LEC no establece un cauce ordenado para la realización de este
convenio, de su extenso redactado sí pueden establecerse fijarse las fases y requisitos de este
convenio:
* Solicitantes.- Lo puede solicitar el ejecutante, el ejecutado o cualquier persona que acredite un
interés directo en la ejecución. Aunque la ley no establece nada al respecto lo lógico es que deba
solicitarse por escrito; el párrafo 5º de este artículo permite la repetición de la comparecencia
cuando las circunstancias de cada caso lo aconsejen.- La decisión de realizar nuevas
convocatorias está sujeta al juicio del Tribunal.

* Procedimiento.- El Juez cita a comparecencia a:
1.Ejecutante.- Si el ejecutante no se muestra conforme con la comparecencia
estas no se convoca,
2.-Ejecutado,
3.Personas que acrediten interés directo en la ejecución,
4.Si los bienes fueran susceptibles de inscripción registral será necesaria la
conformidad de los acreedores y terceros poseedores que hubieran inscrito o
anotado su derecho en el registro con posterioridad al gravamen que se ejecuta,
5.Ejecutante y ejecutado pueden "invitar" a cualquier otra persona a esta
comparecencia.

* Desarrollo de la comparecencia.- El objetivo de la comparecencia es alcanzar un acuerdo de
todos los implicados en la realización extrajudicial del bien embargado; la Ley no establece
formas específicas ni condiciones de realización, los únicos requisitos son:
1º) Que se acepte por todos los asistentes,
2º) Que el Juez considera que el precio consignado o afianzado que se ofrezca será
previsiblemente superior al que pudiera lograrse mediante subasta judicial.
* La solicitud de comparecencia no suspende la ejecución.
* El Juez resuelve por medio de auto que sí suspende la ejecución respecto del bien en cuestión,
si se autoriza el convenio; el convenio puede incluir un plazo en el cual debe ser realizado.
* Cumplimiento o incumplimiento.- Cumplido el acuerdo se sobresee la ejecución sobre el bien en
cuestión, si el acuerdo no se cumple o no se logra la satisfacción del ejecutante en los términos
convenidos el ejecutante puede pedir que se alce la suspensión y se proceda a la subasta.
* Atribución de la competencia al Juez.- En la medida en la que la convocatoria a la
comparecencia es por Providencia y la resolución del trámite se realiza por auto, el legislador
parece que atribuye la competencia para decidir sobre el convenio al Juez, no al Secretario, con
ello el legislador ha desperdiciado una posibilidad clara de dotar de contenido efectivo las
funciones que atribuye formalmente al secretario en materia de ejecución.
Como ya se ha indicado en epígrafes anteriores nada impide a ejecutante y ejecutado
alcanzar convenios extrajudiciales de satisfacción sin necesidad de acudir a este trámite del
artículo 640 de la LEC, por la vía de la transacción, o incluso el deudor puede enajenar el bien
extrajudicialmente y con el precio obtenido pagar la deuda y cancelar los apremios que pudieran
existir sobre el bien.
* El artículo 642 de la LEC exige que se advierta al adquirente del bien de las situación registral
que resulte de la certificación de cargas.
* En todo caso es el Juzgado quien aprueba, mediante providencia, la enajenación.
Respecto de la distribución de las sumas recaudadas, inscripción de los derechos y cancelación
de cargas se aplican las normas generales de la subasta.

B.- La realización por persona o entidad especializada.

Regulada en el extenso artículo 641 de la LEC, con esta institución se trata de habilitar
mecanismos procesales que permitan a las partes, con autorización del Juez, encomendar la
realización o enajenación del bien embargado a un tercero que por su experiencia garantice
resultados más satisfactorios para la ejecución que los previstos en el caso de que se celebre
subasta.
El artículo 641 de la LEC, al igual que en el artículo anterior, no establece una regulación
ordenada de este sistema de realización y también permite al Juez cierta flexibilidad a la hora de
decidir ya que el legislador habla de "cuando las características del bien así lo aconsejen",
dejando la decisión definitiva al juicio de oportunidad que realice el Juez que podrá, mediante
providencia, encomendar la enajenación a una persona especializada y conocedora del mercado
en el que se compren o se vendan esos bienes.
* Solicitud .- La petición debe efectuarla el ejecutante o el ejecutado; si la petición la realiza el
ejecutado debe contar con el consentimiento del ejecutante.
* Trámite.- Aunque no se detalle en el párrafo 1º de este artículo la lógica lleva a pensar que
previa la autorización será necesario dar, cuanto menos, traslado a las partes personadas y,
finalmente, resolver por medio de providencia. El párrafo 3º.2 establece que en el supuesto de
bienes inmuebles se efectuará por medio de una comparecencia a la que deberán ser citados
quienes conste en el proceso que pudieran estar interesado, con ésta fórmula deben entenderse
comprendidos todos aquellos titulares de derechos inscritos, sorprende que el legislador haya
utilizado una forma tan ambigua y que además olvide que existen bienes muebles que igualmente
acceden a registros y cuyo régimen procesal debe ser similar al de los inmuebles inscritos
debiendo, con ello, citarse a comparecencia, a quienes aparezcan como titulares de derechos
inscritos.
* Persona que recibe el encargo.- La Ley permite que sea persona física o jurídica, pública o
privada; los requisitos que debe satisfacer este sujeto son:
1º) Ha de ser persona especializada y conocedora del mercado,
2º) Deben concurrir en él los requisitos legalmente exigidos para operar en el mercado en el que
corresponda la venta del bien,
3º) La enajenación se realizará conforme a las reglas y usos de la casa o entidad que subaste o
enajene, siempre y cuando estas reglas no sean incompatibles con el fin de la ejecución y con la
adecuada protección de los intereses de ejecutante y ejecutado;
4º) Cuando se trate de entidad de derecho privado la Ley establece que debe prestar la caución
que el Juzgado determine para responder del cumplimiento del encargo.- No establece el
legislador criterios específicos para fijar la caución, dependiendo, por lo tanto, de las
circunstancias del caso, de lo que las partes aleguen y, en último término, de la decisión que
motivadamente adopte el Juez.
Si no se lleva a efecto el encargo se pierde esa caución salvo que la persona o entidad que
prestó la fianza acredita que la realización no ha sido posible por causas que no le sean
imputables.
* Forma en la que se efectúa el encargo.- La Ley habla de providencia, probablemente hubiera
sido más lógico que se hubiera exigido un auto para que, motivadamente, se fijaran los límites y
condiciones del encargo.
No hay referencia alguna a los recursos contra esta resolución que habrán de sujetarse, por
lo tanto, a las normas generales sobre recursos.
Las partes pueden alcanzar acuerdo sobre las condiciones en las que debe realizarse la
venta, si no existe este acuerdo la Ley establece unos límites por debajo de los cuales no es
posible efectuar la enajenación:

1.Bienes muebles.- El precio mínimo es el 50% del valor de avalúo,
2.Inmuebles.- El precio mínimo es el 70% del valor del inmueble, una vez se hayan
descontado las cargas conforme al artículo 666, ya examinado.- En el caso de
inmuebles se podrá autorizan a la enajenación por un precio inferior al 70%,
siempre que conste la conformidad de las partes y de todos los interesados,
resaltando la Ley que esa conformidad es necesaria hayan comparecido o no a
la comparecencia prevista en este mismo precepto;

* Plazo.- El párrafo 5º prevé que el encargo dure seis meses, prorrogables por un máximo de
otros seis meses más, si quien recibió el encargo justifica que la no realización del encargo se
debe a razones no imputables a él y prevé que las circunstancias que impidieron la venta han
desaparecido o van a desaparecer.- Si no se lleva a cabo la realización el Juez revoca el encargo
por medio de auto – en este punto sorprende que la autorización exija una simple providencia y la
revocación, sin embargo, obligue a dictar un auto.

* Honorarios de las personas o entidades que reciban el encargo.- Conforme al párrafo 4º del
artículo 641 dicha persona o entidad podrá descontar del precio recibido los gastos efectuados y
lo que corresponda por su intervención, no hace la Ley ninguna otra precisión, únicamente indica
que el Tribunal debe aprobar la operación o, en su caso, solicitar las justificaciones oportunas
sobre la realización y sus circunstancias.- la caución no se devuelve hasta que no se aprueba la
operación.
Tal vez hubiera sido más razonable que el Juez antes de realizar el encargo o encomienda
pudiera conocer los gastos y honorarios previsibles y, de este modo, advertir a las partes de los
mismos en el momento en el que efectúa la autorización, en vez de aprobarlos a, lo que puede
dar lugar a situaciones no previstas por las partes que pudieran llevar incluso a considerar poco
beneficiosa esta fórmula si la persona encargada de la enajenación establece comisiones muy
elevadas o pasa unos gastos de publicitación de la venta conforme a las reglas del mercado –
piénsese por ejemplo en campañas publicitarias en medios de comunicación.
* Las personas que adquieran los bienes por esta vía han de conocer la situación registral que
resulte de la certificación de cargas (artículo 642 de la LEC).
* En todo caso es el Juzgado quien aprueba, mediante providencia, la enajenación.
Respecto de la distribución de las sumas recaudadas, inscripción de los derechos y cancelación
de cargas se aplican las normas generales de la subasta.


3.5.- LA SUBASTA.-

A.- Disposiciones comunes.-




En la Ley de enjuiciamiento civil las disposiciones comunes a la subasta mobiliaria e
inmobiliaria se recogen dentro de la sección dedicada a la subasta de bienes inmuebles, sin
embargo, al objeto de ofrecer una exposición más clara es preferible fijar cuales son las normas
comunes a todas las subasta y luego examinar las especialidades de la subasta mobiliaria e
inmobiliaria.



1.- Preparación de la subasta.
Una vez valorados los bienes objeto de subasta la LEC establece la preparación de la
subasta, fijando requisitos distintos según se trate de bienes muebles o inmuebles. En cualquier
caso el artículo 643 de la LEC permite al Secretario judicial la formación de lotes para conseguir
un resultado más conveniente de la subasta; el nuevo texto legal establece que las partes habrán
de pronunciarse respecto de dichos lotes – antes de anunciarse la subasta.
El párrafo segundo del artículo 643 de la LEC permite al Juzgado no convocar la subasta
cuando sea previsible que no se vaya a obtener cantidad de dinero que supere, cuando menos,
los gastos originados por la misma subasta; en este punto se plantean tres problemas:
1º) Que la nueva Ley no indica expresamente que esta decisión de no convocar lleve aparejada el
alzamiento de los embargos, en principio la decisión debe ser la de alzamiento de los embargos
salvo que se decida la formación de lotes más amplios.
2º) Al suprimirse la publicación de los edictos en diarios oficiales los gastos de la subasta
quedarían reducidos a las costas que pudiera reclamar el abogado y el procurador del ejecutante,
costas que al no estar tasadas quedarían sujetas a una cifra aproximada;
3º) la Ley no establece la forma que debe adoptar esa decisión que, dada su trascendencia,
habrá de adoptar la forma de auto que podrá ser objeto de los recursos ordinarios.



2.- Convocatoria de la subasta.-
Se simplifican los trámites de la convocatoria:
1º) Se reducen el número de subastas previstas de tres a una sola, en la que se advierte del valor
del bien subastado pero en el que no se fijan tipos, sin perjuicio de que se apliquen las normas
sobre máximos y mínimos de las pujas;
2º) Los edictos de convocatoria de la subasta no es preceptivo publicarlos en los diarios
oficiales, bastará con su publicación en la sede del tribunal – en sitio destacado, público y visible
– y en los lugares públicos de costumbre. 20 días antes de la subasta deben publicarse los
edictos.
Tanto el ejecutante como el ejecutado pueden solicitar otros medios de publicidad que "resulte
razonable" tanto en medios públicos como privados atendiendo a la naturaleza y al valor de los
bienes.- En principio la parte que propone este tipo de publicidad asume el pago de los gastos,
sin perjuicio de incluir en la liquidación de costas los gastos de publicidad propuestos por el
ejecutante.
El legislador distingue también entre:

1.Contenido del edicto.- Que habrá de incluir todas las condiciones generales y
particulares de la subasta, así como los datos y circunstancias relevantes para
el éxito de la subasta.
2.Contenido del anuncio.- Que debe adecuarse a la naturaleza del medio, el artículo 646 de la LEC reconoce expresamente que habrá de procurarse la mayor economía de costas limitándose a los datos precisos para identificar:
3.Los bienes,
4.El valor de tasación,
5.Situación posesoria,
6.Lugar y fecha de celebración de la subasta,
7.Lugar donde se encuentren publicados los edictos.

3.- Subastas sin postor.
Si no concurre ningún postor el ejecutante no puede pujar, sin perjuicio de que pueda adquirir los
bienes en las condiciones y supuestos previstos en el artículo 651 de la LEC para los muebles y
el 671 para los inmuebles.
Al ejecutante se le ofrecen las siguientes opciones:
1º) Adjudicarse el bien por la totalidad de la deuda.- Esta posibilidad de adjudicación puede
generar abusos en los supuestos de deudas muy reducidas y bienes subastados muy valiosos.-
para evitar estos abusos es de esperar que funcionen los filtros que el propio legislador ha
previsto para garantizar la proporcionalidad de la deuda;
2º) Puede adjudicarse el bien por un porcentaje del valor del bien:
* 30% en el caso de bienes muebles,
* 50% en el caso de inmuebles.
El ejecutante tiene 20 días para tomar esta decisión si no lo hace se alza el embargo.-
Siempre a instancia del ejecutado, a quien se le exige por lo menos la diligencia de reclamar el
alzamiento del embargo.

4.- Requisitos para pujar.-
Regulados en el artículo 647 de la nueva Ley las principales novedades son:
1º) Se establecen modificaciones en la consignación que deben realizar los terceros que quieran
pujar en el supuesto de subasta de inmuebles.- El artículo 647 establece que la consignación será
sobre el valor de tasación del bien.- Aunque la ley no lo establece con claridad es lógico pensar
que ese valor es el resultante de la operación prevista en el artículo 666;
2º) Los postores pueden consignar o presentar aval bancario.- La propia naturaleza de la subasta
determina que los avales deban ofrecerse para subastas concretas pero surge la duda respecto
de la validez de avales emitidos para todas las subastas en las que intervenga una persona.
No determina el legislador si el postor puede ser una persona jurídica, la falta de regulación
determina que pueda pujar un administrador en nombre de una sociedad.
3º) El ejecutante no necesita consignar y es el único que puede reservarse la facultad de ceder a
terceros el remate;
4º) El resto de los licitadores no pueden ceder a terceros pero sí realizar las consignaciones o
depósitos a nombre de un tercero en todo o en parte (artículo 647.3º de la LEC); esta
consignación a nombre de tercero determina, por aplicación del artículo 653.3 de la LEC, que si
el licitar no consigna la diferencia entre lo consignado inicialmente y la postura final pueda este
tercero hacerse con el bien consignando él la diferencia.- Este cauce indirecto podría permitir,
por ejemplo, que si se consignó a nombre de una Sociedad Limitada un tercero pueda recibir el
remate no por la vía de la cesión – prohibida – sino adquiriendo la S.L. – La nueva Ley permite a
este tercero disponer del mismo plazo que tuvo el licitador que quebró, computable desde la
expiración del término para el licitador – lo que en el caso de los inmuebles supone 20 + 20 días.
5º) las posturas por escrito se presentan en sobre cerrado hasta el momento de la celebración y
se abren al inicio de la subasta; el Secretario hará publicas las posturas que aparezcan en dichas
plicas surtiendo los mismos efectos que si se realizan oralmente, es decir, se posibilita la mejora
de dichas posturas.
6º) Los postores han de identificarse, en todo caso, y declarar que conocen las condiciones
generales y particulares de la subasta.
7º) Se permite – ya lo permitía la legislación anterior (artículo 1508 de la LEC de 1881) – ofrecer
formas de pago distintas del pago inmediato, caso del compromiso de pago aplazado con
garantías "suficientes" bancarias o hipotecarias.

5.- Desarrollo y terminación de la subasta.-
Al subasta la dirige y preside el secretario el Secretario, a quien luego se le priva de la
posibilidad de dictar auto de adjudicación. El secretario relaciona los bienes a subastar y las
condiciones de la subasta.
La Ley habla de posturas sucesivas lo que determina que, en principio, el Secretario no
establezca valor inicial sino que sean los licitadores los que realicen los ofrecimientos, hasta que
no haya posturas por los terceros el ejecutante no podrá realizar las mejoras.
El Secretario antes de iniciar la subasta debe advertir a los licitadores de las consecuencias de
la realización de posturas por debajo de los porcentajes previstos en el artículo 650 y 670 de la
LEC.
Terminada la subasta levanta acta expresando el nombre de las personas que hubieran
participado – circunstancia que lo lógico es que se fije al iniciar el acto – así como de las
posturas formuladas – esta expresión lleva a pensar que habrán de recogerse las últimas
osturas ofrecidas por cada licitador que interviniera, a los efectos de una posible quiebra.
Se plantea la posibilidad, no resuelta legalmente, de que el licitador manifieste desde el primer
momento que no va a consignar el resto y solicita directamente el ofrecimiento al tercero en
nombre del cual consignó; en la medida en la que se trata de un derecho del licitador nada impide
que renuncie al mismo y reclame directamente el trámite del artículo 653.3 de la LEC aunque
pesa sobre esta renuncia la sospecha de un posible fraude de ley para permitir así la cesión a
tercero.
* El deudor puede pagar en cualquier momento antes de la aprobación del remate o de la
adjudicación al acreedor pagando principal, intereses y costas.- Conforme al artículo 650 de la
LEC el remate se debe aprobar por medio de auto a favor del mejor postor, por lo tanto el deudor
puede pagar hasta el momento en el que se dicta ese auto, no parece lógico que se demore el
plazo hasta la fecha de notificación de dicho auto al deudor ya que éste tiene la posibilidad de
acudir a la subasta y se le notifican las posturas inferiores al 50 % ó 70 %, según los bienes, para
una posible presentación de terceros que mejoren la postura.

6.- Destino de los depósitos constituidos para pujar.
Regulado en el artículo 652 de la nueva Ley aprobado el remate se devuelve a los postores que
finalmente no mejoraron postura las cantidades depositadas. Estos postores pueden solicitar que
su cantidad consignada quede para el caso de que el mejor postor quiebre la subasta y pueda
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas.
Cuando se indica que la consignación se hizo a favor de tercero la devolución debe realizarse a
este tercero.
Tal y como se examinará en el epígrafe siguiente si el postor quiebra la subasta el dinero
consignado se aplica a los fines de la subasta (artículo 653).

7.- Quiebra de la subasta.
El artículo 653 de la ley establece con precisión las normas aplicables para el supuesto de que el
postor no consigna el precio en el plazo señalado o si la venta finalmente no se lleva a efecto, con
esta coda el legislador pretende garantizar cualquier actitud irregular del postor que frustre la
venta.
El legislador establece, como en la regulación anterior, que el postor pierde el dinero depositado,
salvo que el depósito pueda satisfacer el capital, intereses y costas.- Ciertamente el artículo
653.1 de la LEC hace referencia a los depósitos en plural, lo que puede generar confusión.
El resto de los postores, como ya se ha visto, pueden reservar sus posturas y mantener los
depósitos – en el artículo 653 de la LEC se habla sólo de depósito pero en la medida en la que
se admite también el aval lo lógico es que los mismos beneficios los tengan también los postores
que avalaron.
Como ya se ha visto el postor que quiebra la subasta pierde el dinero depositado o, en su caso,
avalado, este dinero se destina:
1º) Al pago de la convocatoria de la nueva subasta.- La redacción del precepto permitiría, por
ejemplo, que el ejecutante reclamara anuncios en medios de comunicación con cargo a dicho
depósito;
2º) El resto se destina al pago de la cantidad por la que se hubiera despachado ejecución y, en el
caso de inmuebles, se aplicará el artículo 672, referido al sobrante.

8.- Pago y destino del sobrante.
Una vez consignada la totalidad del precio el artículo 654 de la LEC establece que se procederá
al pago de la cantidad por la que se hubiera despachado ejecución, si la cantidad pagada es
superior el remanente queda a disposición del tribunal hasta que se efectúe la liquidación de
intereses y costas, liquidación que podrá solicitar el ejecutante, el ejecutado o incluso el propio
postor, aunque sobre este punto nada indica la LEC.
En el supuesto de bienes muebles el sobrante se entrega al ejecutado, salvo que éste
sobrante se hubiera embargado conforme al artículo 611 de la LEC.


B.- Bienes muebles.

En la subasta de bienes muebles los postores, salvo el ejecutante, tienen que consignar un
20% del valor del bien.
El plazo para consignar la diferencia entre lo consignado y la mejor postura es de 10 días.
Al celebrarse una sola subasta el legislador establece en el artículo 650 un sistema de
garantías y posibilidades tanto para el ejecutado como para el ejecutante en el supuesto de que
la mejor postura sea inferior al 50 % del valor del bien mueble o del lote subastado.- Supuestos
previstos por el artículo 650:

1.Postura de un tercero igual o superior al 50% del avalúo.- Auto aprobando el
remate el mismo día o al siguiente.- El postor tiene diez días para consignar el
resto.- El Juzgado pone al adquiriente en posesión del bien;
2.Postura del ejecutante igual o superior al 50%.- Se aprueba el remate y el
Secretario procede a liquidar principal e intereses, tras esta liquidación se abre
para el ejecutante el plazo de 10 días para consignar la diferencia, si la hubiere,
a resultas de la liquidación de costas.
3.Posturas superiores al 50% pero ofreciendo pago aplazado garantizado.- Se
ofrece al ejecutante – por cinco días – la posibilidad de adjudicarse el bien por
el 50% del avalúo.
4.Postura inferior al 50%:
1.* El ejecutado tiene diez días para presentar tercero que mejore la postura ofreciendo cantidad superior al 50% del valor de la tasación o cantidad inferior que resulte suficiente para la completa satisfacción del derecho del ejecutante;
2.* Si el ejecutado no realiza lo anterior se conceden 5 días al ejecutante para pedir la adjudicación del bien por el 50% del valor tasado o por la cantidad que, en todos los conceptos se le deba, siempre que dicha cantidad sea superior a la mejor postura.
3.* Si el ejecutante no hace uso de esta facultad se aprueba el remate a favor del mejor postor por una cantidad que supere:
1.el 30 % del valor del bien,
2.al menos la cantidad total por la que se hubiera despachado ejecución,
5.* Si la cantidad ofrecida no supera los parámetros anteriores el tribunal oye a las partes y luego decide si aprueba el remate o alza el embargo – a petición del ejecutado – para ello el Tribunal (la ley no indica si el Juez o el Secretario) tendrá en cuenta los siguientes factores:
1.Circunstancias del caso,
2.Conducta del deudor en relación al cumplimiento de la obligación,
3.Posibilidades de lograr la satisfacción de la deuda realizando otros bienes,
4.Sacrificio patrimonial que la aprobación del remate suponga a deudor,
5.Beneficio que obtenga el acreedor.

C.- Bienes Inmuebles y bienes muebles que tengan acceso a registros públicos similares al de la propiedad.

1.- Preparación de la subasta.-
El modelo del que se parte es similar al de la vieja Ley:
1º.- El juzgado reclama del registro la certificación de cargas respecto de los siguientes extremos:

1.Titularidad del dominio y demás derechos reales del bien o derecho gravado,
2.Derechos de cualquier naturaleza que existan sobre el bien, en especial la relación de cargas inscritas o, en su caso, que el bien se encuentra libre de cargas (es una reproducción simplificada del viejo artículo 1489 de la LEC de 1881),

Esta certificación se hará constar por nota marginal expresando la fecha y procedimiento en el
que se haya reclamado.

La información ofrecida por el registro en su certificación puede dar lugar a las siguientes situaciones:

Si el bien está inscrito a nombre de persona distinta del ejecutado.- El Tribunal (no especifica la
ley si el juez o el secretario pero lógicamente habrá de ser el juez oirá a las partes y alzará el embargo si la inscripción del tercero es anterior al embargo, salvo que ese tercero sea heredero del ejecutado o el embargo se hubiera trabado a sabiendas de esa circunstancia (en este punto la conexión del artículo 658 con el 593 de la misma LEC, sobre el trámite de requerimiento a los que puedan ser titulares del bien ajenos a la ejecución).

El Registrador comunica a los titulares de derechos inscritos con posterioridad al embargo la
existencia de la ejecución.- Esa comunicación se hace en el domicilio que consta en el registro
(este precepto el 659 es similar al 1490 de la LEC de 1881).- Estos titulares podrán intervenir en
el avalúo y en el resto de las actuaciones y el párrafo tercero les permite satisfacer la totalidad de
la deuda y subrogarse en los derechos del ejecutante.- Por correo certificado, por telégrafo con
acuse de recibo u otro medio fehaciente.

El incumplimiento de esta obligación de certificar según constante jurisprudencia no determina la
nulidad de actuaciones (RDGRN de 1 de julio de 1997).- Así lo expresa el artículo 660.2 con
claridad.

El artículo 661 determina la comunicación de la ejecución a los arrendatarios e incluso a los ocupantes de hecho al objeto de que puedan presentar sus títulos y, antes de la subasta, el juez pueda determinar, sin efecto de cosa juzgada, si los títulos son suficientes para evitar el lanzamiento.

Los titulares de derechos inscritos con posterioridad a la certificación no reciben comunicación alguna.

Si la inscripción es posterior se mantiene el embargo abriéndose el incidente previsto en el artículo 662 de la LEC, respecto de la exhibición de títulos de quien aparezca como poseedor.

2º.- Con la nueva regulación se amplían las facultades de conocimiento del Juzgado ya que, a instancia del ejecutante, se dirigirán exhortos a los Tribunales que conozcan de créditos anteriores que sean preferentes para que informen sobre la subsistencia y cuantía de los créditos allí garantizados (art. 657).- la petición que se exige a esos acreedores es exhaustiva.- Esta información sirve al ejecutante a los efectos del artículo 144 de la Ley Hipotecaria, que hace referencia a los efectos de los convenios de modificación o cancelación de la hipoteca respecto de terceros.-
3º.- Al expedir la certificación el Juzgado ha de requerir al ejecutado, en modo similar a la anterior regulación, para que aporte la titulación, con la advertencia de que si no los presentas se podrán adoptar las medidas correspondientes para obtener los títulos o, en su caso, se permite suplir los títulos por medio de los correspondientes expedientes de dominio.
A instancia del acreedor, aquí el legislador no le llama ejecutante, podrán salir los bienes a subasta sin títulos, advirtiéndose así en los edictos.

2.- Subasta.-
Se establece una cantidad superior a consignar por los postores ya que se eleva a un 30% del valor del bien, hechas las operaciones ya examinadas por el Sr. Secretario. Pueden realizarse subastas simultáneas en el Juzgado ejecutor y en el del lugar donde radiquen las fincas (art. 673).- ya se permitía con la vieja LEC.


3.- Aprobación del remate.-
Viene regulado en el extenso artículo 670 de la nueva Ley: El plazo para consignar la diferencia entre lo consignado y la mejor postura es de 20 días, el doble que en los inmuebles. Al celebrarse una sola subasta el legislador establece un sistema de garantías y posibilidades tanto para el ejecutado como para el ejecutante en el supuesto de que la mejor postura sea inferior al 70 % del valor del bien o del lote subastado:
1.Postura de un tercero igual o superior al 70% del avalúo.- Auto aprobando el remate el mismo día o al siguiente.- El postor tiene veinte días para consignar el resto.- En este caso la ley nada dice de que el Juzgado pone al adquiriente en posesión del bien, debiendo tenerse en cuenta los derechos que puedan tener
terceros adquirentes y que aquí serán ventilados en la forma indicada en otro epígrafe de este trabajo.
2.Postura del ejecutante igual o superior al 70%.- Se aprueba el remate y el Secretario procede a liquidar principal e intereses, tras esta liquidación se abre para el ejecutante el plazo de 10 días para consignar la diferencia, si la hubiere, a resultas de la liquidación de costas.
3.Posturas superiores al 70% pero ofreciendo pago aplazado garantizado.- Se ofrece al ejecutante – por veinte días – la posibilidad de adjudicarse el bien por el 70% del valor de salida; si no hace uso de esta facultad se aprueba el remate a favor del postor que ofreciera dichas condiciones y avales.
4.Postura inferior al 70%:
El ejecutado tiene diez días para presentar tercero que mejore la postura ofreciendo cantidad superior al 70% del valor de la tasación o cantidad inferior que resulte suficiente para la completa satisfacción del derecho del ejecutante;  Si el ejecutado no realiza lo anterior se conceden 5 días al ejecutante para pedir la adjudicación del bien por el 70% del valor tasado o por la cantidad que, en todos los conceptos se le deba, siempre que dicha cantidad sea superior a la mejor postura.
* Si el ejecutante no hace uso de esta facultad se aprueba el remate a favor del mejor postor por una cantidad que supere: 

1.§el 50 % del valor del bien,
2.§Ó al menos la cantidad total por la que se hubiera despachado ejecución,
5.* Si la cantidad ofrecida no supera los parámetros anteriores el tribunal oye a las partes y luego decide si aprueba el remate o alza el embargo – a petición del ejecutado – para ello el Tribunal (la ley no indica si el Juez o el Secretario) tendrá en cuenta los siguientes factores:
1.§Circunstancias del caso,
2.§Conducta del deudor en relación al cumplimiento de la obligación,
3.§Posibilidades de lograr la satisfacción de la deuda realizando otros bienes,
4.§Sacrificio patrimonial que la aprobación del remate suponga al deudor,
5.§Beneficio que obtenga el acreedor.
6.Si no hay postor el acreedor puede pedir la adjudicación bien por el 50% del valor del bien o la cantidad debida por todos los conceptos.- Si el acreedor en 20 días no hace uso de esta facultad se alza el embargo, a instancia del ejecutado.

4.- Pago y tratamiento del sobrante.- Regulado en el artículo 672, se dispone:
1.El remanente que pudiera quedar, una vez satisfecho ejecutante, se retiene para pagar a los acreedores con derechos inscritos con posterioridad al ejecutante.- Sin perjuicio de los derechos que correspondan a acreedores singulares o a procesos concursales.   2.Cualquier interesado puede pedir a los acreedores posteriores que en plazo de 30 días acrediten la subsistencia y exigibilidad de los créditos y que presente
liquidación.- Se abre con ello un procedimiento incidental asimilable a un proceso para-concursal que permite, tras una fase de prueba documental, que el juez dicte un auto acordando la distribución de esas sumas retenidas.- Este auto no tiene efecto de cosa juzgada.


3.6.- EL AUTO DE ADJUDICIACIÓN Y LA CANCELACIÓN DE CARGAS.

El auto aprobando el remate lo tiene que dictar el Juez y la certificación o testimonio del
mismo (artículo 674) es título suficiente para la inscripción de la adjudicación.- Este auto ha de
contener todas las circunstancias y condiciones que hayan surgido durante el remate.-
A instancia del adquirente se expedirá, en su caso, mandamiento de cancelación de la
anotación o inscripción del gravamen que haya originado el remate o adjudicación y de las
inscripciones posteriores, incluidas las posteriores a la certificación.

3.7.- EL TRATAMIENTO DE LOS TERCEROS POSEEDORES.

La Ley regula (artículos 661, 662 y 675) los mecanismos para que el Juzgado antes de la subasta, a instancia del ejecutante, o después de la subasta, a instancia del adjudcatario, se ventile un incidente que se resuelve sin tener efecto de cosa juzgada destinado a requerir a terceros ocupantes para que aporten los títulos en los que basen su ocupación y, caso de considerarlos el juez insuficientes, anunciar en los edictos que ya se examinaron los títulos de esos terceros o, si se hace después, acordar el lanzamiento; el legislador se acomoda, con ello, a las exigencias del tribunal Constitucional plasmadas, entre otras, por la sentencia de 2 de octubre de 1997.

ESPECIALIDADES EN LA EJECUCIÓN DE BIENES HIPOTECADOS O PIGNORADOS

En la regulación anterior a la Ley 1/2000 convivian en el ordenamiento jurídico español dos tipos
de subastas, las derivadas del apremio ordinario – reguladas en la Ley de Enjuiciamiento civil – y
las vinculads a la Ley Hipotecaria – concretamente el artículo 131 de la LH que ahora se traslada
a la nueva ordenación procesal civil, quedando el nuevo artículo 131 de la LH con un contenido no
procedimental .
El legislador opta por unificar las normas referidas al desarrollo de las subastas y rompe con la
vieja dualidad que generaba confusión y no era práctica; esta unificación no está exenta de
algunos riesgos ya advertidos por los primeros analistas de la Ley, por ejemplo en lo referido al
alzamiento del embargo cuando no haya postores, razonable en la ejecución ordinaria puesto que
el acreedor puede embargar otros bienes, pero complicado en el procedimiento hipotecario que
tiene como especial peculiaridad que se dirige contra un determinado bien inmueble sujeto a
hipoteca (artículos 681 a 698 de la nueva Ley).
Las principales novedades de la nueva regulación del procedimiento hipotecario o pignoraticio
de ejecución son fundamentalmente, las ya referidas en el epígrafe anterior, y junto a ellas pueden
fijarse como elementos fundamentales de la nueva regulación:
1.Tanto el deudor como el hipotecante pueden cambiar de domicilio a efectos de notificaciones aunque no sea consentido por el acreedor siempre que se encuentre el nuevo domicilio dentro del partido judicial
2.A efectos de notificación será domicilio el que conste en la inscripción de su adquisisición.
3.Legitimación pasiva.- La demanda ejecutiva se dirije contra el deudor, contra el hipotecante no deudor o contra el tercer poseedor siempre que no hubiese el tercro acreditdo al acreedor su título de adquisición.
4.Se mantiene la posibilidad de que el requerimiento de pago sea judicial – por díez días – o extrajudicial por acta notarial.- Sorprende que mientras que en el libro I se excluya la posibilidad de citar en la persona de un vencino, sin embargo en el procedimiento de ejecución hipotecario se permita el requerimiento hecho en la persona del vecino más próximo que fuera habido.
5.Cuando se trate de prenda o hipoteca de bienes muebles cabe acordar el depósito y precinto; la administración de los bienes inmuebles se regula igual que aparecía regulada en la legislación anterior.
6.Se celebra una única subasta que ha de realizarse transcurridos un mínimo de 30 días desde el requerimiento y las notificaciones a los titulares inscritos; y por lo menos han de haber transcurrido 20 días desde la publicación de edictos.
7.Sobrante.- Si hay sobrante quedará a disposición de los titulares de derechos inscritos con posterioridad, si el propietario del bien subastado fuera el propio deudor, el sobrante se destina a pagar a los titulares de derechos posteriores y, si quedara todavía sobrante,se destina al pago completo del ejecutante en lo que no quedara cubierto por la hipoteca, salvo que el deudor esté en sutuación de suspensión de pagos, concurso o quiebra.- En este punto la inmovación legislativa permitiría al acreedor cobrar la totalidad de su deuda, amparada o no por la garantía hipotecaria, sin necesidad de instar otro procedimiento de ejecución ordinaria o un juicio declarativo.
8.Se permite el incidente respecto del sobrante, ya examinado en al hablar de la subasta ordinaria.
9.Conforme al artículo 693 de la LEC puede ejecutarse la hipoteca respecto de los plazos debidos sin necesidad de resolver el contrato y reclamar la totalidad de la deuda, transfiriendo la finca al comprador con la hipoteca correspondiente a la parte de crédito que no estuviere satisfecha.
10.Si al quedar pendientes de pago uno o más plazos el ejecutante opta por resolver el contrato y reclamar la totalidad, pero podrá solicitar que se indique al deudor la posibilidad de rehabilitar la hipoteca si antes de la subasta satisface los plazos impagados, más los intereses, gastos y costas generados hasta la fecha de pago, articulando una especie de enervación de la hipoteca y rehabilitación de la escritura; en el supuesto de que el inmueble a ejecutar fuera vivienda familiar del ejecutado esta facultad rehabilitadora se le reconoce al
deudor por una sola vez aún sin autorización del ejecutante.- Se hace eco con ello la nueva Ley del criterio mantenido por el Tribunal Supremo a partir de sentencia de 27 de marzo de 1999, respecto de la nulidad de las cláusulas de vencimiento anticipado, declarada en una sentencia de juicio de menor cuantía.
11.Los motivos de oposición a la ejecución hipotecaria se recogen en el artículo 695 y queda fuera de los motivos de oposición la prejudicialidad penal, que se regula en el artículo 697, que remite a los criterios que, con carácter general, recoge el artículo 569 de la LEC, y que sólo reconoce a esta prejudicialidad
efecto suspensivo de la ejecución si las actuaciones penales afectan a la falsedad o nulidad del título o a la invalidez o ilicitud del despacho de ejecución; permitiendose la continuación de la ejecución si el ejecutante avala o afianza posibles daños o perjuicios.
12.motivos de oposición son:
1.La extinción de la garantía o de la obligación garantizada,
certificada registralmente con expresión de la cancelación registral,
2.Error en la determinación de la cantidad exigible cuando se trate de deudas en garantía de cuentas,
3.En los supuestos de ejecución de bienes muebles hipotecados o pignorados, si se acredita la existencia de otras hipotecas o embargos anteriores.

Para tramitar estos motivos de oposición la LEC prevé un incidente que suspende el curso de las actuaciones y articula la audiencia de las partes en comparecencia, sin previsión específica de fase de prueba, debiendo resolver el Juez por auto en plazo de dos días desde la comparecencia.

Cualquier otra reclamación debe ventilarse por la vía del juicio declarativo que corresponda; el instante de estos procedimientos puede solicitar que el resultado económico obtenido con la subasta quede retenido en todo o en parte a resultas del juicio declarativo; el Juez resuelve de modo motivado, en atención a los argumentos que refieran las partes en el declarativo exigiendo al solicitante de l retención que preste fianza o caución suficiente.

Se regula en el artículo 696 la posibilidad de presentar tercerías de dominio aportando título de propiedad de fecha fehaciente anterior a la constitución de la garantía que se ejecuta, con la correspondiente certificación registral en vigor.

LA EJECUCIÓN PROVISIONAL

Es una de las grandes novedades de la Ley que ha supuestos una modificación del criterio seguido hasta la fecha en la materia ya que es el ejecutado quien debe pechar con la ejecución y, en su caso, afianzar para evitarla.(Arts.524 a 537)

Principios generales: Se insta por demanda ejecutiva del art.549 LEC; Se lleva a cabo como
ejecución ordinaria, por el mismo Juzgado.
En sentencias en rebeldía no cabe ejecución, solo inscripciones y anotación preventiva.

La regla general esque todas las sentencias de condena son ejecutables, Sin caución, y gozando
de preferencia en ejecución provisional las sentencias de tutela de derechos. fundamentales.

Sentencias que no se pueden ejecutar provisionalmente:
1) Las sentencias dictadas en los procesos sobre paternidad, maternidad, filiación, nulidad de matrimonio, separación y divorcio, capacidad y estado civil y derechos honoríficos, salvo los pronunciamientos que regulen las obligaciones y relaciones patrimoniales.
2) Las sentencias que condenen a emitir una declaración de voluntad.
3.) Las sentencias que declaren la nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial.
4) Las sentencias extranjeras no firmes, salvo que expresamente se disponga lo contrario en los Tratados internacionales vigentes en España.

Procedimiento:
Momento de la solicitud.-Desde notificación de la apelación hasta sentencia en apelación;
Si los autos están en la Audiencia debe requerirse testimonio de la sentencia de instancia.
Se provee por medio de auto: Si acuerda ejecución.-No cabe recurso sino oposición.

Oposición a la ejecución provisional.-
Sólo cabe oposición cuando la ejecución ha sido despachada.
Causas tasadas de oposición:

Haberse despachado la ejecución provisional con infracción del artículo anterior.

Si la sentencia fuese de condena no dineraria, resultar imposible o de extrema dificultad, restaurar la situación anterior a la ejecución provisional o compensar económicamente al ejecutado mediante el resarcimiento de los daños y perjuicios.-.
Sentencia fuese de condena dineraria, el ejecutado no podrá oponerse a la ejecución provisional, sino únicamente a actuaciones ejecutivas concretas del procedimiento de apremio, cuando entienda que dichas actuaciones causarán una situación absolutamente imposible de restaurar o de compensar económicamente mediante el resarcimiento de daños y perjuicios.- El ejecutado habrá de indicar otras medidas o actuaciones ejecutivas que sean posibles y no provoquen situaciones similares así como ofrecer caución suficiente.
si no ofrece sustitución y caución se rechaza la oposición.- SIN RECURSO.

Plazo de oposición.- 5 días desde notificación del despacho.

Contestación a la oposición.- 5 días.- PUEDE OFRECER CAUCIÓN para seguir ejecutando

resolución.- Auto.- Motivo primero.- Alzar ejecución.-
Motivo segundo.- suspende ejecución pero se mantienen embargos y medidas de garantía (Ver art.700)
Motivo tercero.- se sustituye una medida por otra.

Contra el auto no cabe recurso alguno.

Suspensión de la ejecución.- En condenas dinerarias.- Si se ofrece al ejecutante principal, intereses y costas.

Firmeza de la sentencia ejecutada:
Si se confirma.- Continúa la ejecución
Si se revoca: 1) En condenas de dinero.- Se sobresee la ejecución y se ordena la devolución + daños, perjuicios y costas al ejecutado.
* Si fuera parcial.- No hay daños y perjuicios pero sí intereses.

* En condenas no dinerarias:a) Entrega de un bien.-Se devuelve + frutos.- o daños y perjuicios si no es posible. hacer.-Se deshace + daños y perjuicios. cabe que el obligado a deshacer o restituir se oponga.- Art. 528. Ejecución provisional de sentencias dictadas en 2ª instancia.-
remite a las normas anteriores.
Plazo.- hasta sentencia en la siguiente instancia.
Competencia.- juzgado que conoció en la instancia.

MEDIDAS CAUTELARES

7.1.- Concepto.-
Se denominan medidas cautelares a decisiones que adopta el Juez a instancia de las partes para garantizar, en principio, el buen fin de una futura sentencia estimatoria. Tiene por objeto garantizar la efectividad de una posible sentencia condenatoria, para así evitar que durante el tiempo, generalmente largo, que transcurre entre la presentación de una demanda y la resolución definitiva por maniobras de los demandados, pueda quedar sin contenido tal resolución  Bajo la referencia de las medidas cautelares el legislador ha acogido decisiones de distinta naturaleza que pueden ir desde la simple anotación preventiva hasta la intervención de un patrimonio y nombramiento de administrador, y que incluso permite la adopción de las medidas que, a instancia de la parte, pueda decidir el Juez sin acogerse a priori a una tipología legalmente
determinada.

Uno de los aciertos del legislador de 2000 ha sido dar un tratamiento unitario a todas las medidas cautelares que en la LEC de 1881 y en las normas mercantiles era objeto de un tratamiento disperso, falto de unidad y criterio y sujeto a tramitaciones incluso contradictorias y confusas.

Respecto de las medidas cautelares el propio legislador en la exposición de motivos considera que "en cuanto a las medidas cautelares, esta Ley las regula en un conjunto unitario de preceptos, del que sólo se excluyen, por las razones que más adelante se dirán, los relativos a las medidas específicas de algunos procesos civiles especiales. Se supera así una lamentable situación, caracterizada por escasas e insuficientes normas, dispersas en la Ley de 1881 y en otros muchos cuerpos legales. 
El referido conjunto de preceptos no es, empero, el resultado de agrupar la regulación de las medidas cautelares que pudieran considerarse «clásicas», estableciendo sus presupuestos y su procedimiento. Esta Ley ha optado por sentar con claridad las características generales de las medidas que pueden ser precisas para evitar que se frustre la efectividad de una futura sentencia, perfilando unos presupuestos y requisitos igualmente generales, de modo que resulte un régimen abierto de medidas cautelares y no un sistema de número limitado o cerrado. Pero la generalidad y la amplitud no son vaguedad, inconcreción o imprudencia. La Ley se apoya en doctrina y jurisprudencia sólidas y de general aceptación.

El «fumus boni iuris» o apariencia de buen derecho, el peligro de la mora procesal y la prestación de caución son, desde luego, factores fundamentales imprescindibles para la adopción de medidas cautelares. La instrumentalidad de las medidas cautelares respecto de la sentencia que pueda otorgar una concreta tutela y, por tanto, la accesoriedad y provisionalidad de las medidas se garantizan suficientemente con normas adecuadas.

Se procura, con disposiciones concretas, que las medidas cautelares no se busquen por sí mismas, como fin exclusivo o primordial de la actividad procesal. Pero ha de señalarse que se establece su régimen de modo que los justiciables dispongan de medidas más enérgicas que las que hasta ahora podían pedir. Se trata de que las medidas resulten en verdad eficaces para lograr, no sólo que la sentencia de condena pueda ejecutarse de alguna manera, sino para evitar que sea ilusoria, en sus propios términos.

Aunque necesarias para conjurar el «periculum in mora», las medidas cautelares no dejan de entrañar, como es sabido, otros peligros y riesgos. De modo que es preciso también regular cuidadosamente, y así se ha pretendido en esta Ley, la oposición a las medidas cautelares, su razonable sustitución, revisión y modificación y las posibles contracautelas o medidas que neutralicen o enerven las cautelares, haciéndolas innecesarias o menos gravosas. 
Las medidas cautelares pueden solicitarse antes de comenzar el proceso, junto con la demanda o pendiente ya el litigio. Como regla, no se adoptan sin previa contradicción, pero se prevé que, en casos justificados, puedan acordarse sin oír al sujeto pasivo de la medida que se pretende. En dichos casos, se establece una oposición inmediatamente posterior. En la audiencia previa o en la oposición, pero también más tarde, puede entrar en juego la contracautela que sustituya la medida cautelar que se pretende o que ya se haya acordado.

Frente a alguna posición partidaria de atribuir el conocimiento y resolución acerca de las medidas cautelares a un órgano jurisdiccional distinto del competente para el proceso principal, la Ley opta por no separar la competencia, sin perjuicio de que no implique sumisión, respecto del proceso, la actuación de la parte pasiva en el procedimiento relativo a medidas solicitadas antes de la interposición de la demanda.

Esta opción no desconoce el riesgo de que la decisión sobre las medidas cautelares, antes de la demanda o ya en el seno del proceso, genere algunos prejuicios o impresiones en favor o en contra de la posición de una parte, que puedan influir en la sentencia. Pero, además de que ese riesgo existe también al margen de las medidas cautelares, pues el prejuicio podría generarse en la audiencia previa al juicio o tras la lectura de demanda y contestación, esta Ley se funda en una doble consideración.

Considera la Ley, por un lado, que todos los Jueces y Magistrados están en condiciones de superar impresiones provisionales para ir atendiendo imparcialmente a las sucesivas pretensiones de las partes y para atenerse, en definitiva, a los hechos probados y al Derecho que haya de aplicarse.

Y, por otra, no se pierde de vista que las medidas cautelares han de guardar siempre relación con lo que se pretende en el proceso principal e incluso con vicisitudes y circunstancias que pueden variar durante su pendencia, de suerte que es el órgano competente para dicho proceso quien se encuentra en la situación más idónea para resolver, en especial si se tiene en cuenta la posibilidad de alzamiento y modificación de las medidas o de su sustitución por una equitativa contracautela. Todo esto, sin contar con la menor complejidad procedimental que comporta no separar la competencia".

7.2.- Presupuestos.-
1.-Justificación del derecho que se reclama («"bonus fumus iuris" o título»), por cuanto carecería de sentido el aseguramiento de la efectividad de una sentencia si desde el principio no se ofreciese justificación alguna del derecho que se pretende se reconozca en la resolución definitiva,
y 2.-«periculum in mora»; esto es, que exista peligro tangible de que el retraso en la obtención de la sentencia pueda dar lugar a su ineficacia real. Sin la concurrencia de tal peligro no podría procederse al aseguramiento que se solicite; todo ello sin olvidar que la existencia de peligro y la justificación del derecho no impedirán que el proceso pueda finalizar en una sentencia absolutoria, de manera que, para obviar este extremo, se exige de ordinario por la ley, una contracautela. Unicamente cuando la situación jurídica cautelable se presente como probable con una probabilidad cualificada, según la doctrina más autorizada, podrá darse entrada, desde la apariencia de buen derecho, a la medida cautelar, para los casos, ciertamente, en que la existencia de un peligro de daño jurídico pueda derivar del retardo, a veces necesario -juicios de extrema complejidad- en el
ejercicio de las funciones jurisdiccionales encomendadas a los Jueces en el art. 117 de la Constitución
El artículo 728 establece que:

1.Sólo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita justifica, que, en el caso de que se trate,
podrían producirse durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones
que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia
estimatoria.
No se acordarán medidas cautelares cuando con ellas se pretenda alterar situaciones de hecho consentidas
por el solicitante durante largo tiempo, salvo que éste justifique cumplidamente las razones por las cuales
dichas medidas no se han solicitado hasta entonces.
2.2. El solicitante de medidas cautelares también habrá de presentar los datos, argumentos y justificaciones
documentales que conduzcan a fundar, por parte del tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio
provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión. En defecto de justificación documental, el
solicitante podrá ofrecerla por otros medios.
3.Salvo que expresamente se disponga otra cosa, el solicitante de la medida cautelar deberá prestar caución
suficiente para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la
medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado.
El tribunal determinará la caución atendiendo a la naturaleza y contenido de la pretensión y a la valoración
que realice, según el apartado anterior, sobre el fundamento de la solicitud de la medida.
La caución a que se refiere el párrafo anterior podrá otorgarse en cualquiera de las formas previstas en el
párrafo segundo del apartado 3 del art. 529.

7.3. Características.-

EL Tribunal Constitucional ha considerado (STCo. De 18 de julio de 1994) que "la tutela judicial no es tal sin medidas cautelares adecuadas que aseguren el efectivo cumplimiento de la resolución definitiva que recaiga en el proceso» [STC 14/1992, fundamento jurídico 7.º]; «La potestad jurisdiccional de suspensión, como todas las medidas cautelares, responde... a la necesidad de asegurar, en su caso, la efectividad del pronunciamiento futuro del órgano judicial: esto es, de evitar que un posible fallo favorable a la pretensión deducida quede (contra lo dispuesto en el art. 24.1 CE) desprovisto de eficacia» [STC 238/1992, fundamento jurídico 3.º]. Es más, en esta misma sentencia se añade que el legislador no puede eliminar de manera absoluta la posibilidad de adoptar medidas cautelares dirigidas a asegurar la efectividad de la sentencia estimatoria, «pues con ello se vendría a privar a los justiciables de una garantía que... se configura como contenido del derecho a la tutela judicial efectiva» (fundamento jurídico 3.º)".
En la nueva Ley el tratamiento es unitario en lo procedimental, caracterizándose la nueva regulación:

1.por la aplicación del principio contradictorio en la adopción de las medidas, de manera que sólo pueden
adoptarse inaudita parte si la parte acreidta razones de urgencia y necesidad.
2.El catálogo de medidas es heterogéneo y permite al juez amplias facultades para poder adoptar medidas
que considere menos gravosas;
3.Se establece una noramtiva unitaria recogida en el último título del libro III, artículo 721 y siguientes;
4.El legislador, sin embargo, establece medidas cautealres específicas para los procesos especiales, de
familia, capacidad y filiación;
5.A modo de pesos y contrapesos el legislador establece que el solicitante ha de ofrecer fianza o caución
suficiente, a juicio del tribunal, y el afecto por las medidas puede evitar las mismas si ofrece contracautelas
fijadas y aprobadas por el Juez;
6.Las medidas se establecen, en principio, en garantía de un correcto cumplimiento de la sentencia pero
como regla general no pueden suponer el fallo adelantado de la misma, salvo en supuestos excepcionales
previstos en el artículo 726.2º.
7.Se permite su adopción también en supuestos de arbitraje; 8º) Se flexibiliza la modificación de las medidas.


7.4.- Clases.- Vienen referidas en el artículo 727:
1ª El embargo preventivo de bienes, para asegurar la ejecución de sentencias de condena a la entrega de cantidades de dinero o de frutos, rentas y cosas fungibles computables a metálico por aplicación de precios ciertos. Fuera de los casos del párrafo anterior, también será procedente el embargo preventivo si resultare medida idónea y no sustituible por otra de igual o superior eficacia y menor onerosidad para el demandado.
2ª La intervención o la administración judiciales de bienes productivos, cuando se pretenda sentencia de condena a entregarlos a título de dueño, usufructuario o cualquier otro que comporte interés legítimo en mantener o mejorar la productividad o cuando la garantía de ésta sea de primordial interés para la efectividad de la condena que pudiere recaer.

3ª El depósito de cosa mueble, cuando la demanda pretenda la condena a entregarla y se encuentre en posesión del demandado.
4ª La formación de inventarios de bienes, en las condiciones que el tribunal disponga.
5ª La anotación preventiva de demanda, cuando ésta se refiera a bienes o derechos susceptibles de inscripción en Registros públicos.
6ª Otras anotaciones registrales, en casos en que la publicidad registral sea útil para el buen fin de la ejecución.
7ª La orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad; la de abstenerse temporalmente de llevar a cabo una conducta; o la prohibición temporal de interrumpir o de cesar en la realización de una prestación que viniera llevándose a cabo.
8ª La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda en la demanda, así como la consignación o depósito de las cantidades que se reclamen en concepto de remuneración de la propiedad intelectual.
9ª El depósito temporal de ejemplares de las obras u objetos que se reputen producidos con infracción de las normas sobre propiedad intelectual e industrial, así como el depósito del material empleado para su producción.
10ª La suspensión de acuerdos sociales impugnados, cuando el demandante o demandantes representen, al menos, el 1 o el 5 por 100 del capital social, según que la sociedad demandada hubiere o no emitido valores que, en el momento de la impugnación, estuvieren admitidos a negociación en mercado secundario oficial.
11ª Aquellas otras medidas que, para la protección de ciertos derechos, prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en la sentencia estimatoria que recayere en el juicio.-
Adopta, con ello, una fórmula abierta, similar a la prevista en el artículo 1428 de la Ley de 1881.


7.5.- Tramitación.-

Ya se ha indicado que la regla general es la de adopción previa contradicción, sin embargo cabe solicitarlas inaudita parte. El legislador prevé tanto su solicitud antes de interponerse la demanda, como durante la tramitación de ésta. En este caso, las medidas que se hubieran acordado quedarán sin efecto si la demanda no se presentare ante el mismo tribunal que conoció de la solicitud de aquéllas en los veinte días siguientes a su adopción. El tribunal, de oficio, acordará mediante auto que se alcen o revoquen los actos de cumplimiento que hubieran sido realizados, condenará al solicitante en las costas y declarará que es responsable de los daños y perjuicios que haya producido al sujeto respecto del cual se adoptaron las medidas. Este requisito
temporal no regirá en los casos de formalización judicial del arbitraje o de arbitraje institucional. En ellos, para que la medida cautelar se mantenga, será suficiente con que la parte beneficiada por ésta lleve a cabo todas las actuaciones tendentes a poner en marcha el procedimiento arbitral.
Con posterioridad a la presentación de la demanda o pendiente recurso sólo podrá solicitarse la adopción de medidas cautelares cuando la petición se base en hechos y circunstancias que justifiquen la solicitud en esos momentos. El Juez controla de oficio su propia competencia, definida por la acción que se quiera ejercitar y que traiga causa de la medida, no cabe plantear declinatorias al respecto.
Es importante la limitación prevista en el artículo 731 ya que establece que "no se mantendrá una medida cautelar cuando el proceso principal haya terminado, por cualquier causa salvo que se trate de sentencia condenatoria o auto equivalente, en cuyo caso deberán mantenerse las medidas acordadas hasta que transcurra el plazo a que se refiere el art. 548 de la presente Ley. Transcurrido dicho plazo, si no se solicitare la ejecución, se alzarán las medidas que estuvieren adoptadas.Tampoco podrá mantenerse una medida cautelar si el proceso quedare en suspenso durante más de seis meses por causa imputable al solicitante de la medida.

Desarrollo de la vista.- Recibida la solicitud, el tribunal, mediante providencia, salvo los casos del párrafo segundo del artículo anterior, en el plazo de cinco días, contados desde la notificación de aquélla al demandado convocará las partes a una vista, que se celebrará dentro de los diez días siguientes sin necesidad de seguir el orden de los asuntos pendientes cuando así lo exija la efectividad de la medida cautelar. En la vista, actor y demandado podrán exponer lo que convenga a su derecho, sirviéndose de cuantas pruebas dispongan, que se admitirán y practicarán si fueran pertinentes en razón de los presupuestos de las medidas cautelares. También podrán pedir, cuando sea necesario para acreditar extremos relevantes, que se practique reconocimiento judicial, que, si se considerare pertinente y no pudiere practicarse en el acto de la vista, se llevará a cabo en el plazo de cinco días.S e podrán formular alegaciones relativas al tipo y cuantía de la caución. Y quien debiere sufrir la medida cautelar podrá pedir al tribunal que, en sustitución de ésta, acuerde aceptar caución sustitutoria, conforme a lo previsto en el art. 746 de esta Ley.
Contra las resoluciones del tribunal sobre el desarrollo de la comparecencia, su contenido y la prueba propuesta no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de que, previa la oportuna protesta, en su caso, puedan alegarse las infracciones que se hubieran producido en la comparecencia en el recurso contra el auto que resuelva sobre las medidas cautelares.

Contra el auto en que el tribunal deniegue la medida cautelar sólo cabrá recurso de apelación, al que se dará una tramitación preferente. Las costas se impondrán con arreglo a los criterios establecidos en el art. 394.
Aun denegada la petición de medidas cautelares, el actor podrá reproducir su solicitud si cambian las circunstancias existentes en el momento de la petición.

En los casos en que la medida cautelar se hubiera adoptado sin previa audiencia del demandado, podrá éste formular oposición en el plazo de veinte días, contados desde la notificación del auto que acuerda las medidas cautelares.
El que formule oposición a la medida cautelar podrá esgrimir como causas de aquélla cuantos hechos y razones se opongan a la procedencia, requisitos, alcance, tipo y demás circunstancias de la medida o medidas efectivamente acordadas, sin limitación alguna.
Del escrito de oposición se dará traslado al solicitante, procediéndose seguidamente conforme a lo previsto en el art. 734.
Celebrada la vista, el tribunal, en el plazo de cinco días, decidirá en forma de auto sobre la oposición.
Si mantuviere las medidas cautelares acordadas condenará al opositor a las costas de la oposición.
Si alzare las medidas cautelares, condenará al actor a las costas y al pago de los daños y perjuicios que éstas hayan producido.
El auto en que se decida sobre la oposición será apelable sin efecto suspensivo.

Una vez firme el auto que estime la oposición, se procederá, a petición del demandado y por los trámites previstos en los arts. 712 y siguientes, a la determinación de los daños y perjuicios que, en su caso, hubiera producido la medida cautelar revocada; y, una vez determinados, se requerirá de pago al solicitante de la medida, procediéndose de inmediato, si no los pagare, a su exacción forzosa.