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El BOE publica la creación del Tribunal de
Marcas y el juzgado de lo Mercantil 14-07.04 |
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El Boletín Oficial del Estado (BOE)
publicó ayer el Real Decreto por el que se dispone la creación
de una plaza de magistrado de la sección octava de la Audiencia
Provincial de Alicante para el Tribunal de la Marca Comunitaria,
así como la habilitación y constitución de un juzgado de lo
Mercantil, tal y como fue aprobado el viernes. Según fuentes
judiciales, el Ministerio de Justicia confirma de este modo que
la fecha de entrada en funcionamiento de los nuevos órganos no
sufrirá ningún retraso con respecto a lo previsto en la nueva
Ley Concursal. El Tribunal de Marcas y el juzgado de lo
Mercantil comenzarán a funcionar en septiembre.
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El Ministerio creará en Elche un juzgado
de lo Mercantil para 2005. Informacion 07.08.04 |
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Justicia reconoce las
condiciones «especiales y exclusivas» de la provincia por el
Tribunal de Marcas y anuncia otro órgano para el próximo año
El Ministerio de Justicia atenderá
el año próximo las reivindicaciones de magistrados, colegios
profesionales y Generalitat Valenciana para crear en la ciudad
de Elche un juzgado de Mercantil, petición que no ha entrado en
la primera fase del plan de creaciones previstos en la
programación del 2004. En un informe, el Ministerio de Justicia
reconoce que en la provincia de Alicante se dan «competencias
especiales y exclusivas, como juzgado de Marca Comunitaria, por
lo que de requerirlo la carga de trabajo de este órgano
jurisdiccional se procederá a la creación de un segundo juzgado
de lo Mercantil en la provincia de Alicante». El secretario de
Justicia de la Generalitat Valenciana, Fernando de Rosa, quien
negoció en Madrid la creación de un segundo juzgado para la
provincia -concretamente para Elche- atendiendo a la importante
carga de trabajo, se mostró satisfecho por este cambio de
opinión del Ministerio de Justicia. Dicha petición estuvo
apoyada el pasado mes de junio por todos los colegios
profesionales de Elche.
La creación de un juzgado de lo Mercantil se hace prácticamente
imprescindible para los profesionales de Elche después de la
reforma de la Ley Concurso, de fecha 22/2003, que entrará en
vigor el próximo 1 de septiembre, y que obliga a partir de ese
día a presentar en Alicante (pues el juzgado tiene carácter
uniprovincial) todos los procedimientos sobre suspensiones de
pagos y quiebras de todas las empresas de la provincia.
El Ministerio reconoce en el mismo documento oficial que ha sido
imposible conceder todos los órganos jurisdiccionales necesarios
para la buena aplicación de la normativa, pero asegura que la
implantación va a realizarse, «de una forma escalonada», a lo
que añade que «dentro de las previsiones iniciales que estudia
el Gobierno para la programación del próximo 2005, está la de
completar la implantación de los juzgados de lo Mercantil,
creando nuevos juzgados en todas aquellas provincias en que, en
virtud de las cargas de trabajo que vaya resultando, así se
justifique».
Evolución
El informe señala por último que, entre todos los casos y
peticiones que se van a atender para nuevas creaciones, «este
Departamento tendrá especialmente en cuenta la evolución
estadística del juzgado de lo Mercantil de Alicante, habida
cuenta de las competencias especiales asignadas a dicho órgano
para conocer en primera instancia y de forma exclusiva de todos
aquellos litigios que se promuevan al amparo de la previstos en
los reglamentos del Consejo de la Unión Europea sobre la marca
comunitaria y del Consejo de la Unión Europea sobre los dibujos
y modelos comunitarios, a cuyo fin y en el ejercicio de estas
competencia, extenderá su jurisdicción a todo el territorio
nacional como juzgado de Marca Comunitaria».
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Una avería en el ordenador impide al fiscal
especializado registrar 250 asuntos y advertir a sus
compañeros de los casos graves de reincidencia .
RAMÓN FERRANDO Diario Información 11.09.04
La Fiscalía no controla a los maltratadores desde hace
dos meses por un fallo informático.
La Fiscalía de malos tratos lleva dos meses sin poder
controlar a los agresores de la provincia por un fallo
informático. El fiscal especializado, Ángel Alcázar,
tiene sobre la mesa 250 asuntos sin registrar y no puede
advertir a sus compañeros de los casos graves de
reincidencia para que pidan más pena. El problema, según
fuentes del Palacio de Justicia, es que una de las
placas del ordenador que contiene el archivo provincial
de maltratadores no funciona. La Fiscalía no ha
conseguido que la empresa adjudicataria del servicio de
mantenimiento la cambie a pesar de que es una operación
sencilla, según las mismas fuentes.
Fuentes de la Fiscalía señalaron que el archivo central
del Poder Judicial sí que está funcionado, pero el
fiscal especializado «no tiene acceso a esos ficheros»
por lo que no puede advertir a sus compañeros de que
tomen medidas que garanticen la protección de las
víctimas de forma más eficaz en los casos más graves.
El archivo de la Fiscalía que está bloqueado contiene el
registro estadístico de delitos de malos tratos de toda
la provincia, órdenes de protección concedidas,
peticiones de condena y sentencias. Los fiscales acuden
ahora a juicio a ciegas ya que no reciben toda la
información sobre el historial de los agresores, siempre
según fuentes del Palacio de Justicia.
La función principal del fiscal de malos tratos es
unificar criterios, pero actualmente no se puede volcar
en la lucha contra la violencia doméstica porque también
tiene a su cargo un juzgado de Instrucción de Alicante.
Otro handicap es que la Fiscalía continúa sin recibir
las denuncias de malos tratos de Elche, Alcoy y Elda.
Por otra parte, el fiscal de malos tratos advirtió de
que desde que se pusieron en marcha los juicios rápidos
«no se está castigando la habitualidad como antes».
Ángel Alcázar señaló que los fiscales están pidiendo
condenas por el artículo 153 del Código Penal en vez de
por el 173 que agrava la pena por la habitualidad
«porque desconocen las denuncias anteriores». Alcázar
apuntó que «la solución es que un fiscal se dedique en
exclusiva a los asuntos de violencia doméstica. Yo soy
partidario de los juzgados de malos tratos porque es la
única manera de tener realmente controlados a todos los
maltratadores».
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Justicia crea un juzgado
«virtual» para los casos civiles de Sant Joan y El
Campello |
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Primera
Instancia tres bis arrancará el 16 de enero con el 70%
de la plantilla de un órgano judicial normal
RAMÓN FERRANDO
información 27.12.03
Justicia ha decidido crear un
juzgado «virtual» para que asuma los casos civiles de
Sant Joan d´Alacant y El Campello a partir del 16 de
enero, que es cuando se va a producir la división del
partido judicial de San Vicente del Raspeig, según
confirmaron ayer fuentes de la magistratura. El juzgado
arrancará con el 70% de la plantilla de funcionarios y
con una juez que acaba de salir de la escuela judicial.
La junta de jueces de Benalúa ha decidido que este
juzgado, que se va a llamar Primera Instancia número
tres bis, se encargue en exclusiva de los casos de Sant
Joan y El Campello hasta que el Gobierno habilite uno
normal. El principal problema que tiene este juzgado
«virtual» es que en cualquier momento puede ser
eliminado.
La Conselleria de Justicia ha improvisado la propuesta
ante el anuncio de los jueces de Alicante de que
iniciarán una huelga de celo en enero como no se creen
más juzgados civiles para poder tramitar sin colapsarse
los asuntos de Sant Joan y El Campello. Los estudios que
se han hecho de las cargas competenciales revelan que el
65% de los casos que actualmente se tramitan en San
Vicente del Raspeig son de Sant Joan y El Campello. El
Gobierno sí que proyectó con tiempo un juzgado de
Instrucción para hacer frente al incremento de los casos
penales.
El secretario autonómico de Justicia, Fernando de Rosas,
propuso hace unos días a los jueces civiles de Alicante
la creación de un órgano judicial «virtual» porque
legalmente ya no hay tiempo para constituir uno normal.
La fórmula que se ha elegido es poner en marcha un
juzgado de apoyo adscrito a uno de los ocho de civil que
actualmente están funcionado en Alicante, aunque es
ficticio ya que en realidad va a operar con
independencia, según explicaron ayer fuentes judiciales.
Los magistrados eligieron por sorteo a que juzgado se
iba a adscribir y salió el número tres de Primera
Instancia.
Fuentes de la magistratura reconocieron que el principal
problema que tiene este tipo de juzgado respecto a uno
normal es que «lo pueden eliminar sin previo aviso y
nace con menos plantilla».
La constitución del juzgado de Primera Instancia número
tres bis todavía está pendiente de la aprobación de la
sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia, que
se da por hecho.
Los jueces confían en la palabra de Fernando de Rosa que
les ha insistido en que van a trabajar desde la
Generalitat para que el año que viene vea la luz el
juzgado de Primera Instancia número once. En ese momento
todos los juzgados civiles de Alicante comenzarán a
repartirse los casos de Sant Joan y El Campello.
El Boletín Oficial del Estado público ayer la Ley
Orgánica del Poder Judicial que incluye la modificación
del partido de San Vicente del Raspeig, según informó el
presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro. La
reforma conlleva que San Vicente pierde en favor de
Alicante las competencias sobre Sant Joan y El Campello
y mantiene las del propio San Vicente, Xixona, Aigües,
Busot y Mutxamel.
Magro explicó que «a partir del 16 de enero todas las
demandas y denuncias de Sant Joan y El Campello tendrán
que presentarse en el Palacio de Justicia de Benalúa en
lugar de en San Vicente del Raspeig».
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CC OO alerta del colapso de los
juzgados civiles con la reforma de San Vicente |
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El sindicato dice que «se va a
cambiar el tapón de sitio» y pide que se tomen medidas para
paliar la avalancha
J. A. M.
10-DICIEMBRE 2003
El sindicato Comisiones Obreras aseguró
ayer que el incremento de causas que tendrán los juzgados de
Alicante por el cambio del partido judicial de San Vicente
abocará al colapso a los juzgados de lo Civil. A juicio de CC OO,
lo único que se está haciendo es quitar el tapón de un sitio
para ponerlo en otro, por lo que reclamaron medidas para tratar
de paliar esa situación, según el delegado de este sindicato en
los juzgados de Benalúa. Diego Beltrán.
Como ya publicó este diario, los juzgados alicantinos tendrán
que asumir en torno a los 15.000 nuevos casos al año al
integrarse San Juan y El Campello en su partido judicial. De
estos asuntos, 12.000 corresponderían a causas penales, y entre
2.500 y 3.000 civiles. Según Beltrán, uno de los aspectos que
más preocupan es la repercusión en los procedimientos civiles,
ya que estos juzgados tienen un un volumen de trabajo que supera
en un 15 por ciento los parámetros establecidos por el Consejo
General del Poder Judicial. A esto añadió que la situación de
los juzgados de Alicante es buena en comparación con los del
resto de la provincia, pero, sin embargo, la Administración
quiere equipararlos al resto en lo peor, aunque destacó que la
medida será muy positiva para San Vicente.
La marcha de Beltrán
Por otro lado, el fiscal jefe de Alicante tomó ayer posesión de
su cargo, tras haber sido propuesto para la reelección. El
fiscal jefe de Valencia, Enrique Beltrán, se trasladó ayer a la
Audiencia Provincial de Alicante para despedirse de sus
compañeros ante su próximo cese en el cargo a partir de enero.
Como el Boletín Oficial del Estado ha publicado la reelección de
José Antonio Romero como fiscal jefe de Alicante, se aprovechó
la visita para celebrar la toma de posesión de éste.
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El PSOE pregunta si habrá refuerzos en los juzgados |
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La diputada socialista Juan
Serna ha presentado una pregunta en el Congreso de los
Diputados para que el Gobierno aclare qué medidas
adoptará para que cuando los juzgados de Alicante asuman
15.000 nuevos casos al año éstos no superen los
parámetros establecidos por el Poder Judicial.
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Los jueces de Alicante asumirán
15.000 asuntos más al año desde enero |
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La reforma del
partido judicial de San Vicente derivará nuevas causas a los
juzgados a pesar de sobrepasar el máximo fijado por el CGPJ
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ (
INFORMACION 9-12-03)
Los juzgados de Alicante asumirán a
partir de enero una media de 15.000 asuntos más al año con el
cambio del partido judicial de San Vicente, según las
previsiones de la Conselleria de Justicia. De esta manera, los
magistrados de la demarcación de Alicante tramitarán los asuntos
de El Campello y San Juan. De estas nuevas causas, 12.000
corresponderán a procedimientos penales, y entre 2.500 y 3.000 a
asuntos civiles, y suponen el 65 por ciento del trabajo de los
juzgados de San Vicente. El Congreso de los Diputados ratificará
esta semana esta reforma que tiene por objeto sacar del colapso
en el que se encuentran los juzgados de este partido judicial.
Sin embargo, el Gobierno sólo contempla la creación de un
juzgado de Instrucción nuevo en Alicante con motivo de esta
reforma, a pesar de que en estos juzgados la carga de trabajo
supera con creces el volumen fijado por el Consejo General del
Poder Judicial.
La previsión apunta a que después de las próximas navidades
entrará en vigor la reforma del partido judicial de San Vicente,
por la que los asuntos de localidades como El Campello y San
Juan pasarán a tramitarse en los juzgados de Alicante. De todos
modos, esta modificación no va a suponer la amortización de los
juzgados que ya están funcionando en San Vicente. El presidente
de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, señaló que los
juzgados tres y cuatro seguirán funcionando hasta que se
estabilice la situación en este partido judicial. «Dejar ahora a
San Vicente con sólo dos juzgados, supondría condenar a esta
zona a no salir del colapso en el que encuentra», señaló.
Por el momento, ya se está notificando a las Fuerzas de
Seguridad de los municipios afectados que a partir de enero
deberán coordinarse con los magistrados de Alicante para la
tramitación de denuncias, y la puesta a disposición judicial de
detenidos, entre otras cuestiones. La reforma del partido
judicial de San Vicente se aprobará este próximo jueves en el
Congreso de los Diputados, y se publicará en el Boletín Oficial
del Estado el próximo 18 de diciembre, para entrar en vigor 20
días después.
La reforma del partido judicial viene marcada sin embargo con
ciertos recelos por parte de los magistrados Alicante, que temen
que el aumento de trabajo no vaya acompañado de un refuerzo de
medios, en unos juzgados que manejan un volumen de asuntos
superior al de su capacidad.
Según un informe de CC OO, en los tres años anteriores el número
de asuntos investigados por los juzgados de Alicante creció un
diez por ciento al haber aumentado la delincuencia. A finales
del año pasado, se creó el octavo juzgado de Instrucción en
Alicante, y éste se ha aprobado la creación del noveno. La
Dirección General de Justicia está negociando con el Ministerio
la creación de un décimo juzgado de Instrucción para poder
asumir los nuevos casos que generará la reforma del partido
judicial.
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Los jueces amenazan con una huelga de celo
si no se crean más juzgados |
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Los magistrados advierten de que
limitarán el número de señalamientos semanales «para que puedan
atenderse en las debidas condiciones de eficacia»
RAMÓN FERRANDO
22-NOVIEMBRE 2003
Los cuarenta magistrados alicantinos
han acordado en una junta de jueces comenzar una huelga de celo
en enero si el Gobierno no crea más juzgados. Los jueces se
oponen a asumir los casos de San Juan y El Campello, que ahora
se tramitan en San Vicente del Raspeig pero que con la
modificación del partido judicial pasarán a Alicante antes de
fin de año, si no se ponen en marcha al menos seis juzgados. El
acta de la reunión, que va a ser remitida al Consejo General del
Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia, advierte de
que la modificación del partido judicial de San Vicente del
Raspeig sin la correlativa creación de juzgados provocará el
colapso de los de Alicante y expresa el malestar judicial «por
la falta de información institucional, así como por la nula
consideración que se presta a los jueces». Los magistrados
reconocen que la huelga de celo conllevará una demora en la
tramitación de asuntos.
El malestar de los jueces con el Gobierno se ha acentuado desde
la transformación de un juzgado de lo Contencioso Administrativo
en uno de Instrucción por el incremento de casos que supone
asumir las poblaciones de San Juan y El Campello. Los jueces se
oponen radicalmente a la reconversión de juzgados ya que
consideran que es necesario crear nuevos. Según el acta de la
junta, inicialmente se prometió que «iban a trasladar a Alicante
dos juzgados de San Vicente del Raspeig, pero ahora van a
continuar allí durante un periodo transitorio cuya duración no
está exactamente determinada».
Los jueces insisten en que es imprescindible crear más juzgados
para evitar el colapso de los de Alicante «teniendo en cuenta
que el 60% de la litigiosidad de San Vicente del Raspeig
proviene de San Juan y El Campello. Solamente se pueden asumir
las nuevas competencias con cuatro juzgados nuevos de Civil -de
los que uno se dedicaría a Familia- y dos de Instrucción. De
todos ellos sólo han previsto poner en marcha uno de Instrucción
a costa de la reconversión del Contencioso Administrativo número
cuatro».
Los jueces temen que la política de reconversión que ha
impulsado el Gobierno para ahorrar costes continúe con la
transformación del juzgado de lo Penal número siete de Alicante
en el décimo de Instrucción. La junta recuerda que a pesar de
las perspectivas del Gobierno de que con los juicios rápidos se
iban a producir muchas conformidades en los juzgados de
Instrucción evitando que los casos llegaran a los Penales, la
carga competencial de estos últimos «está aumentando por la
ejecución de las sentencias».
El acta de la junta también recoge que «ante determinadas
noticias que interesadamente han venido apareciendo en los
medios de comunicación, los magistrados de los juzgado de lo
Social queremos poner de relieve que la carga de trabajo que
soportamos supera con creces los mínimos exigidos por el Consejo
General del Poder Judicial». Los jueces, que lanzan la
advertencia para evitar la pérdida de uno de los juzgados de lo
Social, apuntan que este año superarán los módulos del Consejo
en más de un 30%. En este sentido insisten en que «entendemos
que es improcedente cualquier medida tendente a suprimir
juzgados pues con ello se acarrearía irremediablemente una
sobrecarga de trabajo difícil de asumir que redundaría en el
servicio».
A la opinión pública
El documento concluye resaltando que para el caso de que antes
de comienzo de 2004 no se dé «una solución a los problemas que
existen actualmente en la demarcación de Alicante y además se
agraven con la modificación del partido judicial sin la creación
de más juzgados, se reunirán las juntas sectoriales para adoptar
los correspondientes acuerdos de limitación del número de
señalamientos semanales». Los jueces justifican la huelga de
celo en que es necesario el recorte de juicios para que los
asuntos «se puedan atender con las debidas condiciones de
calidad y eficacia». Los jueces anuncian que darán traslado de
esta decisión a «los ciudadanos, procuradores y abogados para
que conozcan cumplidamente las razones por las que a partir de
ese momento se producirá la inevitable demora en la tramitación
y resolución de los procedimientos».
Los magistrados piden además al Consejo General del Poder
Judicial que los jueces adjuntos que acaban de salir de la
escuela judicial y están realizando prácticas en Alicante queden
adscritos a los juzgados de la capital «para su refuerzo hasta
que consigan plazas en titularidad».
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Una juez ordena cerrar un juzgado por una plaga de cucarachas
Todos los señalamientos se suspendieron y las oficinas se sellaron doce horas tras enviar Justicia una empresa para fumigar
Maria Jesus Sanchez ( Informacion 26.03.03 )
La titular del Juzgado número cuatro de San Vicente ordenó ayer el cierre de las dependencias tras detectar una
plaga de cucarachas que impedía a la plantilla trabajar con normalidad. La decisión judicial se comunicó a la
Conselleria de Justicia, que unas horas después envió a una empresa especializada para fumigar el juzgado y
desinfectarlo. Todos los señalamientos de este juzgado se suspendieron «hasta nuevo aviso» y la situación se comunicó a los asuarios con varios carteles colocados en la puerta y los accesos. Fuentes de los juzgados
explicaron que tras optar la juez por cerrar el juzgado, algunos empleados decidieron regresar a su casa y el resto se trasladó a otras oficinas para
poder trabajar, como el Decanato. Según explicó el representante sindical
de CSI-CSIF Alfredo Eiroa el juzgado está ubicado en un local sobre el que hay un edificio de viviendas y la plaga procede de los pisos, aunque se ha extendido a la oficina judicial a través de un agujero por el que se comunican los bloques. Eiroa explicó que aunque se habían encontrado cucarachas con anterioridad, la situación se consideró «límite», al aparecer los insectos entre los expedientes, mesas y archivos. La Conselleria de Justicia reaccionó enviando a una empresa para fumigar el juzgado a la una de la tarde, el cual debía permanecer sellado unas doce
horas, por lo que la plantilla esperaba incorporarse hoy con normalidad.
Para el delegado de CSI-CSIF «todos los juzgados de San Vicente se encuentran en una situación lamentable, sobre todo los más antiguos que son los números uno y dos, pero lo que exigimos es que se construya un
palacio de justicia lo antes posible y que el proyecto no se demore más».
Según Alfredo Eiroa, el nuevo edificio es necesario «en aras de mejorar la imagen de la Justicia, porque hace ya varios años que las obras se tenían que haberse iniciado y los juzgados deberían estar ya funcionando en su
sede». Otra cuestión que destacó Eiroa es que «la experiencia nos demuestra que los locales que alquila la administración generan estos problemas y es necesario disponer de infraestructura propia». Para el representante de CSI-CSIF, el traslado de los empleados del juzgado afectado a otras oficinas no es una buena solución «para juzgados que ya
están colapsados de personal».Por su parte, el responsable provincial de Justicia en CC OO, Carmelo Hernández, recordó que la situación que se registró ayer en San Vicente «la hemos denunciado de forma global repetidas veces junto a otros problemas de este tipo, ya que sospechamos que los roedores y las cucarachas vivían en perfecta armonía en la instalación del aire acondicionado». Carmelo Hernández aseguró que como delegado de Prevención de su sindicato iba a denunciar los hechos ante
Sanidad y la Inspección de Trabajo «porque la problemática ha llegado al máximo de lo sostenible». Hernández también reclamó «soluciones inmediatas a Justicia», ya que «si no se pone remedio nos plantaremos nosotros para que la gente no se vea obligada a trabajar en estas condiciones». El representante de CC OO expresó «mi más enérgica repulsa a la total dejadez, abandono y falta de interés que ha mostrado Justicia en todo este tiempo, ya que las instalaciones hace mucho que se consideran insostenibles». Carmelo Hernández critica que Justicia «lleve años
parcheando en estos locales, porque cada cierto tiempo aparece un problema similar y la imagen que está dando ante los usuarios es tercermundista».
Justicia rechaza la enmienda de Cataluña que reclamaba más tribunales de Marcas
M. J. S. ( Informacion 26.03.03)
La comisión de Justicia del Congreso de los Diputados rechazó ayer la enmienda de Convergéncia i Unió (CiU) que presentó a la reforma de la Ley
Concursal, en la que reclamaba que el Tribunal de Marcas se extendiera a más
comunidades autónomas y no se limitara a Alicante. Tras el rechazo de la comisión, el nuevo texto legal no se
alterará y se ratificará la próxima semana en el Congreso de los Diputados, que posteriormente lo trasladará al
Senado. La enmienda se presentó en noviembre, después de que el ministro de Justicia, José María Michavila, anunciara que la sede definitiva estaría en Alicante, donde la Generalitat ya ha previsto su sala en el edificio judicial
de Pardo Gimeno. El presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, recordó que la decisión política implicará que la provincia cuente con juzgados especializados de lo Mercantil y tribunal de apelación, lo que abre
nuevas perspectivas a los profesionales de la Justicia. El magistrado valoró positivamente el rechazo de la enmienda después de que se anunciara de forma oficial que la sede se concedía a Alicante. Para CiU, la decisión política de que el Tribunal de Marcas esté en Alicante por ser el lugar donde está la OAMI no se justificaba, al entender que sus resoluciones «son conocidas en vía jurisdiccional, no por los tribunales nacionales de los Estados miembros». También rechazó que el Tribunal de Marcas tenga carácter «excepcional» y alega que debería configurarse como un «modelo normal de demarcación en aquellas comunidades en que existan concentraciones importantes de tráfico industrial o mercantil». Otro alegato es el grave perjuicio que estima que la decisión causa «a todos los particulares y empresas de todo el territorio del Estado, que se verán obligados a salir del ámbito territorial de su comunidad para litigar».
| La
falta de intérpretes provoca retrasos de meses en las
traducciones judiciales
Información 08.03.03
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R. Ferrando
El Tribunal Superior de
Justicia advierte en el informe de que la falta de intérpretes
está provocando retrasos de meses en las traducciones
judiciales. El documento refleja que «para conseguir
traducciones al español desde el francés o el inglés
se ha limitado excesivamente el personal lo que está
provocando un retraso excesivo que no se corresponde con
la agilidad que se está propugnado para la Justicia».
Los jueces denuncian en el análisis la deficiente
informatización de los juzgados. En algunos partidos
judiciales «el material está totalmente obsoleto. Ni
siquiera se pueden leer los discos de legislación y
jurisprudencia», sostiene el informe. Los juzgados
tampoco están interconectados a través de Internet.
El TSJ critica en el documento al director general de
Justicia, Eloy Velasco, por su «política de hechos
consumados que en múltiples ocasiones ha adoptado desde
una idea patrimonialista de los edificios y medios
judiciales». El documento recuerda las injerencias de
Velasco en competencias de los jueces al subrayar que su
actitud «colisiona con las facultades que legalmente
corresponden a los órganos de gobierno interno de los
juzgados y tribunales». Los jueces matizan que con el
conseller de Justicia los contactos «son más fluidos».
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| El
TSJ detecta un incremento del 42% en los asuntos
judiciales sin resolver
Información 08.03.03
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Los juzgados de Instrucción
achacan el aumento de las demoras al crecimiento
constante de la delincuencia
R. Ferrando
El Tribunal Superior de
Justicia alerta en su memoria anual de un incremento del
42% de asuntos judiciales sin resolver en los juzgados
de Instrucción. Los jueces de Instrucción de la
provincia tenían 6.225 asuntos pendientes cuando se
inició el año y cuando se cerró el 31 de diciembre
los casos sin resolver ascendían a 8.885. El presidente
del TSJ destacó ayer en Valencia que los juzgados
alicantinos son los únicos de la Comunidad donde están
entrando más casos de los que se están cerrando. Los
magistrados de Instrucción se acogieron el año pasado
a un plan de choque que debía acabar con los atrasos.
Fuentes judiciales achacaron el aumento en los retrasos
al crecimiento de la delincuencia en el último año.
El informe refleja que la situación en el resto de las
jurisdicciones no es mucho mejor. Los casos sin resolver
en los juzgados de lo Penal han aumentado un 10%. Los
juzgados de Primera Instancia, que tramitan los asuntos
civiles, también sufren un retraso importante debido,
según el TSJ, a la elevada carga de trabajo que
soportan.
El Tribunal Superior de Justicia destaca en el informe
que la realidad es todavía más preocupante en los dos
juzgados de Menores debido a que el número de asuntos
resueltos es «sustancialmente inferior al de los casos
nuevos». El TSJ apunta que los juzgados se encuentran
«totalmente desbordados» a causa de la falta de
plantilla en los equipos técnicos que deben analizar
cada caso. El 31 de diciembre habían 643 juicios
bloqueados porque faltaba un informe del equipo técnico.
Los redactores del análisis reconocen que de «mantenerse
el ritmo actual podría llegarse a una situación de
todo punto inadmisible». Los jueces alicantinos ya han
advertido de que el próximo mes los juzgados de Menores
pueden llegar al colapso total.
El Tribunal Superior de Justicia propone medidas
contundentes para intentar paliar este panorama. Los
jueces piden la creación inmediata de un juzgado de lo
Social en Elche al apreciar que los asuntos sin resolver
empiezan a ser «alarmantes». Además solicitan la
puesta en marcha de otro juzgado de lo Social en la
ciudad de Alcoy con competencias para los partidos
judiciales de Alcoy e Ibi debido a que es una zona
industrial que origina un gran número de asuntos.
El TSJ considera prioritario la creación de la Sección
Octava de la Audiencia Provincial en Elche y los
juzgados de Instrucción número nueve de Alicante y el
once de Primera Instancia para afrontar la reforma del
partido judicial de San Vicente. Los autores del
informen apuntan que es necesario adscribir un cuarto
magistrado de apoyo a la Sección Sexta de la Audiencia
y dos a la Sala de Elche. El TSJ insiste en el documento
en que es urgente reforzar con jueces de apoyo los
juzgados de Novelda, San Vicente, Alcoy y Torrevieja.
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La Justicia podría producir un 25% más con los recursos que tiene
Efe, Madrid ( 6 Marzo 20003 )
La Justicia podría producir un 25% más de lo que actualmente hace con los recursos y medios de los que dispone, según un estudio presentado hoy en del Foro sobre la reforma y gestión de la Justicia.
En este foro se han elaborado tres estudios sobre la imagen y los costes de la Justicia. Uno de estos estudios, que aborda la
dilación, eficiencia y costes, pone de manifiesto, según explicó ayer su autor, el catedrático Santos Pastor, que la Justicia española «no produce cuanto puede con los recursos con que cuenta, y lo que produce no lo hace al menor coste posible». Por ello, considera que los problemas de la Justicia no son una cuestión que pueda
solventarse principalmente con más medios.
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Prescriben 350 casos en los juzgados de Menores por la falta de medios
Los magistrados no pueden juzgar otros 1.100 asuntos que ya están instruidos por los
fiscales porque carecen de un informe legal
Diario INFORMACIÓN 18.01.03 RAMÓN FERRANDO
Más de 350 casos del año 2001 que afectan a menores han prescrito porque no ha dado tiempo a juzgarlos, según confirmaron ayer fuentes judiciales. El número de asuntos que ya ha empezado a prescribir por la falta de medios es sólo la punta del iceberg ya que centenares de denuncias ni siquiera se van a poder instruir. La situación se agrava cada día. La falta de plantilla en el equipo técnico del juzgado impide juzgar otros 1.100 asuntos que legalmente requieren un exhaustivo informe sobre la situación del menor. El equipo técnico sólo es capaz de tramitar 75 casos al mes. En la jurisdicción de Menores los asuntos menos graves como los robos con fuerza y de uso, los hurtos y las faltas por amenazas y lesiones prescriben al año. La finalidad de la ley es que los jóvenes sean juzgados en el menor tiempo posible para evitar que vuelvan a delinquir y para propiciar su reinserción. Este tipo de delitos que están
prescribiendo son los que estadísticamente más cometen los adolescentes.
El colapso en el juzgado está provocando que muchos asuntos ni siquiera se investiguen porque «materialmente es imposible», según fuentes judiciales.
Los fiscales y los jueces creen que los jóvenes de la provincia se están concienciando de que los delitos que
cometen quedan impunes cuando comprueban que no son citados ni para declarar. Los fiscales consideran
que «esta sensación de impunidad que se está generando entre los más jóvenes es alarmante ya que estadísticamente cometen el 48 por ciento de los robos».Fuentes de la Fiscalía de Menores advirtieron de que ya hay
víctimas que han acudido al juzgado a protestar cuando han recibido la notificación de que su caso ha prescrito. Los fiscales, jueces y funcionarios sostienen que el juzgado se ha colapsado porque Justicia ha tardado dos años en reforzar la plantilla de la Fiscalía lo que ha provocado que muchos asuntos se hayan ido acumulando hasta que la situación se ha vuelto «insostenible». Los jueces están convencidos de que se llegará al colapso total antes del mes de abril como el Gobierno no cree de inmediato el tercer juzgado de Alicante. A estas penurias se une que uno de los dos
magistrados, que tiene seis años de experiencia, ha sido trasladado al TSJ de Madrid.
Justicia
inaugura el Juzgado de Instrucción número 8 DEPENDENCIAS
DE BENALUA EN ALICANTE
El PERIÓDICO DE
ALICANTE 30.12.02
| El director general de Justicia, Eloy Velasco, inaugura hoy
a la 13.00 horas en el Edificio de los Juzgados de Benalúa de
Alicante las instalaciones del nuevo Juzgado de Instrucción número
8 de la ciudad, una demanda largamente extendida dentro de la
judicatura alicantina por su necesidad, a la espera de la
futura Ciudad de la Justicia, que unificará en un mismo
espacio todos los juzgados de Alicante.
Recientemente se anunció que la urbanización de los
27.854 metros cuadrados de los terrenos del antiguo cuartel de
San Fernando, así como de los edificios de la Audiencia
Provincial y los nuevos juzgados y los de los colegios
profesionales de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales,
se iniciarán a finales de 2003, según dijo el alcalde de
Alicante, Luis Díaz Alperi.
El primer edil adelantó que los técnicos de Urbanismo están
redactando la modificación del PGOU para aprobarlo por pleno
en enero o febrero.
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La precaria realidad de
los juzgados
Falta de personal y de ordenadores, archivos en los sótanos
y goteras son sólo algunas de las carencias de los tribunales de la
provincia.
(INFORMACIÓN 16 Diciembre de 2.002)
La realidad vuelve a desmentir a la oficialidad. Mientras la gran mayoría de la planta
judicial de la provincia adolece de una ostensible y endémica falta de medios materiales,
el director general de Justicia, Eloy Velasco, mantiene que las carencias denunciadas por
los jueces no son reales. Preguntado por el uso por parte de un juzgado de Alicante de un
fax procedente de un robo, Velasco respondió el miércoles pasado que los tribunales
alicantinos «están mejor dotados de medios que los de otras comunidades». Ésta es la
versión oficial; a continuación se refleja, comarca por comarca, la situación real de
los juzgados de la provincia.
Los magistrados de Alicante llevan meses advirtiendo de que no pueden seguir
trabajando con la actual carencia de medios. El principal problema en estos momentos es la
falta de intérpretes. Hace unos días una juez dejó en libertad a un detenido porque no
se presentó el traductor de lituano. Los titulares de los juzgados de Instrucción exigen
que la Conselleria de Justicia les proporcione al menos un intérprete de árabe y otro de
rumano de forma permanente para cubrir las guardias. De momento han de compartir los
traductores con el resto de juzgados y en algunas guardias se han colapsado. Los siete
juzgados de Instrucción también carecen del fax que necesitan para notificar sus
resoluciones. Esto ha obligado a un juez a utilizar un fax procedente de una intervención
policial para poder trabajar. El parque de ordenadores se ha quedado obsoleto. Los
juzgados de Alicante debían estar registrando desde hace un año los casos con el
programa Cicerone, pero fallan los equipos. Los problemas con el sistema informático,
debido a que no hay un equipo de técnicos de guardia, han obligado en algunas ocasiones a
tomar las declaraciones de los detenidos a mano. La carencia de medios obligó a los
jueces de Instrucción a suspender en julio los juicios rápidos, que aplicaban con éxito
desde enero. Esta falta de infraestructura también acabó con los juzgados de Malos
Tratos. Los juzgados de lo Civil carecen de medios básicos como las impresoras en las
salas de vistas. Asímismo, la falta de personal en los juzgados de Menores ha
provocado la desmoralización de los fiscales, que ven cómo día a día se van acumulando
casos a los que no pueden hacer frente. La Generalitat implantó hace tres años un
complejo sistema de seguridad con video vigilancia para el Palacio de Justicia, pero nunca
se ha usado porque no contrató a una persona para que controlara los monitores. (Informa
Ramón Ferrando ).En Elche , los juzgados están anclados desde hace seis años por la
falta de espacio. Un problema que se ha agudizado por el incremento de nuevos órganos
judiciales (una sección de la Audiencia y tres juzgados especializados en laboral, penal
y contencioso), y al que no se dará una respuesta en un plazo mínimo de dos o tres
años, pues aún no se conoce cuándo saldrá a concurso el proyecto de la Ciudad de la
Justicia. En la actualidad, los juzgados de Elche están divididos en tres sedes, y en el
edificio de la plaza de los Reyes Católicos se ubican en la planta semisótano, sin
condiciones, algunos de los órgans judiciales donde trabajan una veintena de personas y
por los que pasan cientos de ciudadanos cada año.
En esta planta se encuentra la sección de la Audiencia, las oficinas de Fiscalía, los
despachos forenses y parte de los archivos. Precisamente, el exceso de asuntos antiguos y
la falta de espacio del almacén ha provocado que los huecos de una escalera
interior del edificio se usen como improvisados archivadores. La creación de órganos
judiciales ha obligado a utilizar unas antiguas dependencias del Ayuntamiento de Elche para
dos juzgados que incumplen la normativa en materia de barreras arquitéctonicas al carecer
de un ascensor para acceder a ellos. En estas dependencias no existe seguridad alguna,
como tampoco en los juzgados de lo Social, donde los funcionarios han reiterado la
falta de seguridad y los robos. (Informa Manuel Alarcón ).
Los juzgados de Torrevieja y Orihuela padecen los mismos problemas de
falta de medios e inseguridad con el agravante de estar situados en zonas con un
crecimiento demográfico espectacular que magnifica esos problemas. Las viejas
dependencias judiciales de Orihuela están empapeladas con las reivindicaciones de los
funcionarios, mientras que el Palacio de Justicia de Torrevieja, inaugurado en 1999, se
quedó pequeño nada más comenzar su andadura y ya se prevé su ampliación. La
Conselleria admite que el crecimiento en el número de casos y la acumulación de
asuntos que pasan por esos juzgados de la comarca es el más grande de España. De hecho,
en los últimos tres años la Administración autonómica y el Consejo General del Poder
Judicial no han tenido más alternativa que instar a la creación de seis nuevos juzgados.
Durante el ejercicio de 2001 en Torrevieja entraron 27.500 denuncias y asuntos penales y
se resolvieron 31.000, frente a los 35.000 registrados en Orihuela por 37.000 resueltos,
según los datos de Justicia. Sindicatos y usuarios critican los largos retrasos que
provoca la ausencia de un juzgado de lo penal en Torrevieja. (Informa David Pamies )
El nuevo Palacio de Justicia de Dénia se inauguró al principio de la presente
legislatura y, tras las palabras de las autorridades locales y de Eloy Velasco, un grupo
de trabajadores se manifestó denunciando las carencias del centro. Poco más de dos años
después, la falta de espacio y la nula vigilancia se han revelado como principales
carencias de un centro que «hace agua». Ante la falta de medios y espacio, los
expedientes judiciales se encuentran por encima de mesas y sillas y en el suelo. Además,
al encontrarse los archivos completamente repletos, muchos de los expedientes se están
almacenando en el sotano y cuando llueve con cierta intensidad -algo que ocurre en Dénia
todos los años-, las bombas son incapaces de extraer el agua y acaba inundándose. Así
ocurrió en el temporal de Pascua de este año y eso que no era la primera vez que pasaba.
Otro problema grave que padece el Palacio y que ha sido denunciado reiteradamente por los
funcionarios es la nula seguridad que existe en el edificio. Ninguna persona vigila las
instalaciones y aunque hay cámaras instaladas, no hay nadie pendiente de ellas. (Informa
César Monzonís ).
Las obras del Palacio de Justicia de Benidorm están agravando el abandono de
las sedes judiciales de este municipio, donde, según denuncian los sindicatos, todo está
en precario hasta que abran las nuevas instalaciones. Como ejemplo extremo, en los
pasillos de los juzgados de lo penal, ubicados en la calle del Marqués de Comillas, cajas
de cartón se han utilizado como mesitas en pasillos de atención al público en alguna
ocasión.De todos modos, la sede judicial de Marqués de Comillas ha sido la más
criticada por los sindicatos, que denuncian que los locales no cumplen con los mínimos de
seguridad laboral: carecen de salidas de emergencia y la sala de vistas no tiene
ventilación, según CC OO. El coordinador provincial del sector de Justicia de este
sindicato, Carmelo Hernández, aseguró que de no ser por la presión sindical, en
Benidorm algún juzgado habría acabado
habilitado en un sótano. Es el caso de las dependencias del servicio común de
notificaciones y embargos, que se han habilitado en una sala de muy reducidas dimensiones
para atender al público, y en un sótano para las labores de clasificación y reparto,
una sala sin ventilación que en un primer momento compartieron con el Colegio de
Procuradores. Éstos se desplazaron a los juzgados de la calle de Finlandia ante su
negativa a tener que trabajar en ese sótano. (Informa José A. Martínez ).
La situación de los juzgados de Alcoy ha sido motivo de constantes denuncias a
causa de la falta de espacio y de condiciones del edificio del Palacio de Justicia. Aunque
en diversas ocasiones se ha planteado la necesidad de construir un inmueble nuevo, los
sucesivos gobiernos nunca han abordado el proyecto. La primera deficiencia que presenta
este edificio es la falta de espacio, que hace que
se acumulen los expedientes en unos archivos totalmente saturados y que se compliquen los
trámites judiciales. Todos estos problemas se hacen especialmente patentes en el juzgado
número 2, ubicado en un semisótano, y sobre el que existe un informe negativo del
Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Además, el Palacio de Justicia de Alcoy se
encuentra en un descampado, relativamente lejos de zonas habitadas, lo que hace que
presente problemas de seguridad. En cuanto al juzgado de Ibi , las condiciones son aún
peores. Estas dependencias, ubicadas en los bajos de un edificio, presentan goteras y
falta de espacio. El Ayuntamiento negocia con la Generalitat la construcción de una nueva
sede que permita abordar con mayor dignidad las tareas judiciales. (Informa Javier Llopis
)
Los juzgados de San Vicente son, según Pablo Cuéllar, dirigente del sindicato
CC OO, «el paradigma de lo que no debe ser un juzgado, simplemente porque no tienen
edificio, son cuatro plantas bajas de unos edificios con un patio interior». Los
trabajadores de estas instalaciones critican la falta de seguridad de los mismos, «con
cuatro puertas distintas y sin agentes ni aparatos de escáner cualquiera puede entrar
libremente y cualquiera puede robar como ha ocurrido en Benidorm y en Elda». Los locales
se encuentran además en una situación muy precaria con falta de higiene y suciedad,
debido entre otras cosas a la falta de espacio. «Existen humedades, cucarachas y hasta
ratas». Tanto es así que muchos funcionarios evitan ir al aseo y prefieren ir a otros
aseos de los bares próximos, indica Cuéllar. (Informa Vicente López ).
De los juzgados del Alto y Medio Vinalopó, el de Novelda es el que presenta la
situación más precaria por la histórica falta de personal y material que viene
soportando desde hace años. El elevado volumen de trabajo diario al que se enfrentan sus
trabajadores se refleja en uno de los índices de retraso en la tramitación de casos más
alto de España. En los juzgados de Elda y Villena la principal deficiencia reside, sin
embargo, en la falta de seguridad integral, una carencia que se quiere paliar a partir de
2003 con agentes de la Guardia Civil en la reserva. El Palacio de Justicia de Elda ha
sufrido en los últimos años más de tres robos en el interior de sus instalaciones. En
Villena el edificio judicial también necesita un mayor grado de seguridad y una
renovación de sus vetustas dependencias. (Informa Pérez Gil ).
Justicia cobrará tres
euros a la hora por cuidar niños de profesionales y usuarios
MARÍA JESÚS SÁNCHEZ ( Diario Información 7.12.02 )
CC OO critica que el alto precio de la guardería impedirá usarla a los funcionarios y
personas con
escasos recursos
La Conselleria de Justicia tiene previsto abrir en los
próximos meses una guardería para cuidar a los hijos de los profesionales y de los
usuarios que la requieran al precio de tres euros la hora, según ha
informado el sindicato CC OO. El proyecto se puso sobre la mesa en una reunión reciente
entre sindicatos y representantes de la Administración, donde se detalló que bajo el
nombre de «ludoteca» la instalación se ubicará en la cuarta planta del edificio
judicial de Pardo Gimeno, la cual ya está en
fase de obras con la intención de abrir al público el año que viene. La idea inicial es
que no funcione como guardería de uso diario, sino prestar el servicio para padres que se
vean en apuros por tener que acudir a los juzgados por trabajo u obligación sin que
puedan dejar a los niños pequeños al cuidado de terceros. Para el coordinador provincial
de CC OO, Carmelo Hernández, el proyecto es discriminatorio «porque deja fuera a los
hijos de los funcionarios que no pueden pagar ese precio y a los de muchos usuarios de
escasos recursos económicos». El proyecto se está llevando a cabo con la colaboración
del Colegio de Abogados, entidad que asumirá el coste del personal, mientras que la
Dirección General de Justicia se limitará a ceder las dependencias. Para Carmelo
Hernández, «crear una guardería o ludoteca
es una buena idea, pero no se puede plantear bajo un punto de vista discriminatorio en un
espacio de la Administración, por lo que si el objetivo es ponerla en funcionamiento para
hijos de jueces, abogados y
procuradores, debería plantearse en otro espacio». El sindicato considera que el
concepto del proyecto debería modificarse para que todos los colectivos puedan
beneficiarse del servicio, el cual ya se ha puesto en marcha en Valencia. Jueces,
fiscales, secretarios y otros profesionales consultados por este diario consideran
también que el precio estipulado es caro si se necesita utilizar con frecuencia.
| TRIBUNALES |
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| Las grandes
empresas pagarán hasta 600 euros por usar la Justicia |
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El sistema afectará al orden Civil y
Contencioso-administrativo de la provincia, donde el 60 por ciento de pleitos lo plantean
mercantiles, financieras, aseguradoras y bancos
MARÍA JESÚS SÁNCHEZ ( Información 28.11.02)
Las grandes empresas pagarán hasta 600 euros de tasas por usar
la Justicia, según consta en una enmienda ayer presentó el PP en el Senado a la Ley de
Acompañamiento a los Presupuestos y que entrará en vigor a principios del próximo año.
La medida afectará de forma importante en la provincia, donde un 60 por ciento de pleitos
los plantean mercantiles relevantes, financieras, entidades bancarias y compañías
aseguradoras, según consta en un estudio elaborado por el secretario judicial Juan Luis
Bañón.
Estas tasas afectarán al orden Civil y al Contencioso-administrativo, ámbitos donde las
grandes empresas plantean la inmensa mayoría de sus litigios sin que apenas les suponga
un coste económico. Según explica Juan Luis Bañón, en la actualidad «quienes más
acuden a los juzgados para reclamar el pago de sus créditos, que además tienen
acreditada solvencia, gozan en la práctica de "justicia gratuita", o lo que es
lo mismo, no pagan a su abogado y procurador porque tienen contratos laborales con sus
profesionales cuya remuneración suele ser independiente del número de pleitos en los que
intervienen, o pactos con ellos en virtud de los cuales renuncian a cobrarles cualquier
clase de honorarios por su intervención en un juicio concreto y el profesional sólo
cobrará cuando haya condena en costas y pague el obligado su pago».
A partir del año próximo, aunque las empresas y profesionales mantengan este tipo de
acuerdos, se verán obligadas a abonar una tasa, la cual no repercutirá en la parte
perjudicada en el pleito.
El presidente de la Audiencia, Vicente Magro, explicó ayer que las tasas afectarán en el
orden Civil a los casos en los que se interponga una demanda, cuando un demandado plantee
a su vez una demanda a su demandante, por interponer un recurso de apelación o uno
extraordinario por infracción procesal, además de los recursos de casación al Supremo.
Dentro del orden Contencioso-administrativo el pago de la tasa se establecerá por la
presentación del pleito y los recursos de apelación y de casación.
El magistrado, también portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM),
considera que este sistema supondrá «un ingreso de mucho dinero al cabo del año que
servirá para financiar la Justicia». Además, indicó que «entendemos que el sistema
está bien regulado, ya que no va a repercutir sobre la parte más débil ni sobre los
perjudicados en los pleitos. Es el pago por acceder a la Justicia, como si fuera la
entrada al cine».
Magro expuso que estarán exentos del pago de las tasas las entidades sin fines
lucrativos, las de régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo.
La lista incluye a las entidades exentas total o parcialmente del impuesto sobre
sociedades, las personas físicas y los sujetos pasivos «que tengan consideración de
entidades de reducida dimensión, de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora
del impuesto sobre sobre sociedades». En este último punto se encontrarían los
pequeños empresarios.
El sistema de tasas fue ayer motivo de polémica política al mostrar su desacuerdo el
PSOE. El secretario de Libertades Públicas socialista, Juan Fernando López Aguilar,
considera que el Gobierno está incumpliendo el Pacto de Estado para la Reforma de la
Justicia y acusó al Ejecutivo de actuar «con alevosía», al considerar que «se
trasladará a los consumidores vía precios y abre la puerta a que ene un futuro se
extiendan al conjunto de los procesos judiciales».
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Se crean cuatro nuevos Juzgados en la
Provincia de Alicante
REDACCIÓN INFORMACION 28 SEPTIEMBRE 2002
El Consejo de Ministros aprobó ayer la creación de cuatro
juzgados más para la provincia de Alicante al figurar como una de las más
inseguras y al ser incluida en las medidas del Plan contra la Delincuencia. Los órganos
judiciales que se pondrán en marcha próximamente son el 8 de Instrucción de Alicante,
el 3 de Novelda, el 6 de Dénia y el 3 de lo Penal de Elche. Además, se aprobó la
creación de dos plazas más de fiscales para la Audiencia Provincial de Alicante.
Los nuevos órganos judiciales para Alicante forman parte de los 45 en total que se
aprobaron para otras provincias como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia,
Cádiz, A Coruña, Lleida, Ciudad Real, Toledo o Girona, así como los cinturones urbanos
de las grandes ciudades y 70 plazas para fiscales.
El ministro de Justicia, José María Michavila, aseguró que la puesta en marcha será
inmediata y servirá para la implantación del sistema de juicios rápidos, que permitirá
juzgar los delitos en un máximo de 15 días y las faltas en 72 horas.
El Gobierno acordó remitir al CGPJ y al Consejo Fiscal el nuevo estatuto de del
Ministerio Fiscal, que otorga a esta institución la función de proteger con más
eficacia a las víctimas y crea la figura del fiscal delegado.
El conseller de Justicia, Carlos González Cepeda, destacó la creación de un registro
nacional de casos judiciales sobre violencia doméstica del plan de choque autonómico
contra los malos tratos para ampliar el servicio VIDA que la Generalitat puso en marcha el
año pasado en la Comunidad, aunque sigue sin utilizarse.
González Cepeda recalcó que, con la llegada de más juzgados, más jueces y más
fiscales, «se cubren muchas de las demandas que la Generalitat y el Tribunal Superior
habían solicitado al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para la futura
generalización de los juicios rápidos».
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Una avería en el juzgado de guardia obliga a
tomar las declaraciones a mano
Información 9 de Septiembre de 2.002
Una avería en el sistema informático obligó ayer al juzgado de guardia a tomar a
mano la última declaración, según confirmaron fuentes próximas al caso. Los
funcionarios tuvieron que tomar la declaración a mano porque el juzgado carece de
máquina de escribir. El fallo, que no es la primera vez que se produce, ocurrió a las
dos de la tarde. El juzgado no pudo encontrar a ningún técnico de la Conselleria para
que solucionara la avería. El Palacio de Justicia de Alicante carece de un equipo de
informáticos de guardia. Todos los ordenadores funcionan conectados a la red y cuando
falla el sistema se bloquean los juzgados.
Los abogados reclaman a los jueces que acaben con
las esperas en los juzgados
El colectivo se queja de mala organización y pide al Tribunal Superior que adopte medidas
para que los juicios
se celebren con puntualidad
MARÍA JESÚS SÁNCHEZ ( Diario Información 1 de
Agosto 2.002)
El Colegio de Abogados de Alicante reclama a los jueces que adopten medidas para que los
juicios se celebren con puntualidad y se ponga fin a las largas esperas que todos los
días se repiten en los juzgados, según informó el decano de este colectivo, Mariano
Caballero. Con este objetivo, en los próximos días el colegio profesional remitirá un
escrito a la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia y al presidente de la
Audiencia Provincial, Vicente Magro, en el que instan a sus responsables a que den
instrucciones a los jueces para que acaben con esta problemática. Como argumento, los
letrados alegan que se está vulnerando la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la
Justicia, donde se expresa el deber de asistir a los usuarios y a que se celebren los
juicios con la máxima puntualidad. Para el decano de los abogados, «se trata de una
norma de respeto elemental, aunque sabemos que los retrasos son a veces inevitables».
Además, los profesionales de la abogacía alegan que el hecho de que se dicten normas o
recomendaciones para paliar los retrasos en los pasillos «no afecta a la independencia
judicial». Mariano Caballero aboga porque se ponga fin a prácticas usuales en los
juzgados a la hora de señalar juicios, como que varias vistas se fijen a la misma hora y
se comience por la que esté primero completa, en función de la llegada de las personas
que estén citadas. Otra costumbre es señalar los juicios con tan sólo diez o quince
minutos de diferencia, «tiempo en el que es imposible que se celebre un juicio, ya que a
veces sólo con tomar los datos de la filiación ha transcurrido el plazo previsto
entre uno y otro».Para Caballero, estas esperas que pueden prolongarse dos y tres horas
provocan situaciones «incómodas» en los pasillos, además de incrementar el nivel de
tensión de los que las sufren. Una consecuencia directa es que al prolongarse el retraso
y aumentar el número de personas que esperan, un funcionario tenga que abandonar la sala
para «reñir» a las personas por hablar en voz alta
y pedirles que se callen, «no siempre con buenos modos, cuando tampoco nos correspondía
seguramente estar ahí». Caballero estima que «aunque se produzcan tiempos muertos si
hay suspensiones, es más lógico que los sufran los jueces, secretarios y el resto de la
plantilla, que están en su puesto de trabajo y pueden seguir dedicándose a él, en vez
de hacernos perder a los demás todo el día». Un tema más que preocupa al colectivo es
que tras la reforma de la Ley Procesal Civil, «ahora nuestra presencia es física es
imprescindible en las vistas, ya no podemos solucionarlo presentando un escrito y nuestro
tiempo lo tenemos que aprovechar al máximo, sin tener que dejar pasar uno Civil por uno
de faltas, que te lleva toda la mañana».Los abogados esperan que «los jueces hagan un
esfuerzo en este sentido, ya que también hay muchos ejemplos de jueces que intentan ser
puntuales». Sin embargo, hace meses el Colegio ya remitió sin éxito varios escritos
dirigidos a los jueces decanos de los juzgados.
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Los jueces responden a los abogados que sus largos
informes orales causan las esperas
M. J. S. ( Diario Información 2-Agosto-02)
Jueces consultados ayer por este diario han respondido al Colegio de Abogados de Alicante
que las esperas que se producen en los pasillos de los juzgados las causan los letrados en
muchas ocasiones por los largos informes orales que exponen en los juicios, a pesar de que
el asunto que se esté juzgando «sea una simpleza». La respuesta se produce un día
después de que el decano del colegio profesional, Mariano Caballero, anunciara su
intención de remitir un escrito al Tribunal Superior de Justicia y al presidente de
la Audiencia Provincial, Vicente Magro, instándoles a adoptar medidas para evitar las
largas esperas que sufren junto a sus clientes en los juzgados. El colegio critica
hábitos como que se señalen varios juicios a la misma hora o con tan sólo unos minutos
de diferencia,
entre otras cuestiones. Magistrados del Palacio de Justicia de Benalúa estiman que la
acción de Caballero se debe «a una pura estrategia electoral», ya que en octubre está
previsto que el Colegio convoque elecciones para renovar los cargos de su junta de
gobierno. Los jueces entienden que los letrados no deben interferir en su organización
interna.El presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, respondió con un
comunicado donde expone que el exceso de juicios que se señalan es por la necesidad de
evitar el colapso de los juzgados. Apunta que «sería absurdo pensar que existe otro
interés, ya que el mayor número de señalamientos lo que produce es una mayor carga de
trabajo para todos». Magro afirma que «el grado de compromiso de los jueces es total con
los problemas que sufre el ciudadano». CC.OO.La queja de los abogados indignó también
al sindicato CC.OO., que defendió la labor que realizan los agentes en los juzgados
al intentar mantener el orden, tanto en los pasillos como en la sala. Para el sindicato,
los abogados «quieren llevar también más asuntos de los que pueden y al igual que la
Justicia, deben ampliar plantilla». Por otra parte, el secretario de Administraciones
Públicas del PSPV-PSOE, Toni Such, instó al conseller de Justicia, Carlos González
Cepeda, a cumplir su compromiso de reordenar los juzgados en materia Civil y Penal,
además de recordar que su partido reclama un estudio sobre esta cuestión.
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